Como sociedad, tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros adultos mayores y de dejar de normalizar el incumplimiento de la ley. 13 de julio, 2026 - 10h30Hace pocos días intenté comprar entradas para un espectáculo artístico para mis padres, que son adultos mayores, y otros familiares. Al ingresar a la aplicación en línea, me llamó la atención que existía una sola tarifa para todos los asistentes, sin ninguna opción de descuento. Pensé que podía tratarse de una limitación de la aplicación, por lo que acudí a un punto de venta físico para consultar directamente. Sin embargo, la respuesta fue exactamente la misma: solo había una tarifa general. Fue entonces cuando recordé un derecho que, lamentablemente, muchas veces pasa desapercibido.La Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores es clara: las personas adultas mayores tienen derecho a un descuento del 50 % en el valor de las entradas para espectáculos públicos, culturales, deportivos y artísticos. No se trata de un beneficio opcional ni de una cortesía del organizador; es un derecho reconocido por la ley.Más allá de este caso, surge una pregunta inevitable: ¿cuántos eventos en el país estarán incumpliendo esta obligación sin que nadie lo note o lo denuncie?PublicidadEl problema no es únicamente que un organizador incumpla la ley, ya sea por desconocimiento, descuido o interés económico. El problema también está en nosotros como ciudadanos. Muchas veces desconocemos nuestros derechos y, cuando los conocemos, preferimos no reclamar para evitar trámites, pérdida de tiempo o molestias. Ese silencio termina normalizando el incumplimiento de la ley.Es importante entender que los derechos de las personas adultas mayores no son un acto de buena voluntad o un favor del organizador del evento. Son derechos que deben respetarse sin excepción. Exigir que se aplique el descuento no significa pedir un privilegio; significa hacer cumplir la ley y proteger la dignidad y la economía de quienes trabajaron durante toda su vida para contribuir al desarrollo del país.Pero también vale la pena preguntarse: ¿por qué toda la responsabilidad recae sobre el ciudadano? Cuando se vulnera un derecho, la respuesta habitual es decirle a la persona afectada que presente una denuncia ante la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, las instituciones de control no deberían limitarse a esperar que alguien reclame. Su función también es prevenir, supervisar y verificar que la ley se cumpla.PublicidadPublicidadLa Defensoría del Pueblo y las entidades competentes deberían realizar controles periódicos a los organizadores de espectáculos públicos para comprobar que los descuentos establecidos en la ley estén disponibles tanto en las plataformas digitales como en los puntos de venta físicos. Los derechos no pueden depender de que un adulto mayor conozca la norma, presente un reclamo o inicie un trámite administrativo. Deben garantizarse desde el primer momento.Como sociedad, tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros adultos mayores y de dejar de normalizar el incumplimiento de la ley. Ojalá esta reflexión sirva para que los organizadores revisen sus procesos y cumplan con la normativa vigente, pero también para que las autoridades ejerzan un control efectivo y para que los ciudadanos conozcamos nuestros derechos y los hagamos respetar. Porque cuando permitimos que la ley se incumpla en silencio, no solo se perjudica a un grupo vulnerable. Se debilita el Estado de derecho. (O)Cristina Saraguro Gutiérrez, abogada, GuayaquilPublicidad¿Tienes alguna sugerencia de tema, comentario o encontraste un error en esta nota?