Junts per Catalunya acus� por escrito al Gobierno de Pedro S�nchez de utilizar al Tribunal Constitucional para blindar su apoyo al Ejecutivo enga�ando a su c�pula con promesas de resoluciones de la Corte de Garant�as que nunca llegaron o lo hicieron con m�s de un a�o de retraso. Asimismo, le atribuye un �papel pasivo o incluso obstructivo� para que la Fiscal�a del �rgano que preside C�ndido Conde-Pumpido boicotee el regreso inmediato de Carles Puigdemont.El partido independentista remiti� un informe secreto al PSOE tras la ruptura del pacto de investidura el pasado mes de octubre. En este documento situ� como uno de los motivos de la retirada de su apoyo el haber sido enga�ado por el Ejecutivo en la aprobaci�n y aplicaci�n de la Ley de Amnist�a con un �baile de fechas� constante con el que, a juicio de los secesionistas, se intent� mantener el respaldo parlamentario dilatando las resoluciones para consumir el m�ximo posible de legislatura sin que los separatistas tuvieran capacidad de romper.Seg�n ha podido saber EL MUNDO, este documento, que fue entregado por la formaci�n independentista a los socialistas a trav�s de los mediadores de la reuniones de Suiza, coordinados a trav�s de la fundaci�n Henri Dunant, dedica uno de sus cuatro apartados a la Ley de Amnist�a. En �l describe c�mo inicialmente el Gobierno, al que el informe se refiere como �la parte espa�ola�, se comprometi� con Junts a que el �rgano presidido por C�ndido Conde-Pumpido avalar�a inmediatamente, ya en junio de 2024, apenas un mes despu�s de su aprobaci�n en el Congreso, la norma que borraba los delitos del 1-O y sosten�a a S�nchez en el poder con un margen de dos votos.Agrega Junts que en las reuniones mantenidas con el PSOE, cuyos interlocutores fueron principalmente el ex secretario de Organizaci�n Santos Cerd�n y el ex presidente del Gobierno Jos� Luis Rodr�guez Zapatero, se fueron fijando por parte de los socialistas varias fechas para la ansiada resoluci�n del Constitucional que se fueron incumpliendo sistem�ticamente. As�, refleja este documento que al comprobar que el aval no fue alumbrado en junio, los interlocutores socialistas se comprometieron a que llegar�a en septiembre de ese mismo a�o. Al pasar los meses sin que se consumara dicho compromiso, el PSOE asegur� que el pronunciamiento no pasar�a de diciembre.Los compromisos incumplidos se extendieron, subraya Junts en su informe, a lo largo de 2025, llegando a insistir el equipo negociador del PSOE en Suiza que de marzo de ese a�o no pasar�a el dictamen definitivo del Constitucional. Solicitando, por lo tanto, a los pol�ticos catalanes que deb�an tener paciencia al tiempo que reiteraban en todo momento que la resoluci�n ser�a positiva y permitir�a autom�ticamente el regreso a Espa�a del pr�fugo Puigdemont.Remiti� el informe tras dar por concluido el pacto de investiduraLa resoluci�n se hizo p�blica finalmente en junio de ese a�o, con las relaciones entre ambas formaciones ya muy deterioradas, por lo que el equipo de Puigdemont tilda en el informe de graves �incumplimientos� una serie de cuestiones entre las que sit�a de manera destacada el aval del Constitucional. Sobre este �rgano los socialistas se pronunciaban, a juicio de los secesionistas, como una Corte de Garant�as sobre la que ejerc�an un control absoluto. Finalmente el tribunal aprob� por seis votos a cuatro a finales de junio los aspectos nucleares de la norma al considerar que facilitaba la normalizaci�n pol�tica en Catalu�a.Con lo que la c�pula independentista denomina �la llave del gas� contra sus miembros, el Ejecutivo sigui� jugando en los meses posteriores despu�s de que el Supremo acordara que la ley no era aplicable a Puigdemont y mantuviera la orden de detenci�n contra �l, que contin�a vigente.As�, otro de los graves �incumplimientos� que Puigdemont se�ala en el informe y que motivaron su ruptura definitiva con el Gobierno pasa por la posici�n de la Fiscal�a, que se opuso a las cautelares pedidas por el ex presidente catal�n. �ste exig�a la suspensi�n inmediata de busca, detenci�n e ingreso en prisi�n que decret� el instructor del proc�s, el magistrado Pablo Llarena.Detalla los 'incumplimientos' que motivaron su rupturaArguy� entonces la defensa de Puigdemont que se trataba de una medida de privaci�n de libertad �dictada sin condena previa� y que estaba provocando �efectos inmediatos, actuales y, sobre todo, irreparables� al afectar al �n�cleo m�s esencial de los derechos fundamentales�. El fiscal jefe del Constitucional, Pablo Crespo, rechaz� su argumentaci�n sosteniendo que, si permit�a volver a Puigdemont, su decisi�n conllevar�a la �perturbaci�n grave de un inter�s constitucionalmente protegido� aludiendo al �inter�s general� y rechaz� entrar a valorar las �razones pol�ticas� esgrimidas por el l�der de Junts fugado en Waterloo.En esta l�nea, el documento de Junts recrimina al Gobierno de S�nchez, al que tambi�n atribuye el control directo sobre el Ministerio P�blico, �el papel pasivo o incluso obstructivo� de la Fiscal�a de la Corte de Garant�as. Y considera que la oposici�n a las cautelares no persigue otro objetivo que evitar el inmediato regreso de un Puigdemont del que S�nchez prometi� en noviembre de 2019 �traerlo de vuelta a Espa�a y rinda cuentas ante la Justicia espa�ola� porque �nadie est� por encima de la Justicia�. Todo ello, para esquivar una nueva gran crisis pol�tica.Seg�n ha podido saber este peri�dico, Junts baraj� incluir en su informe entre la lista de reproches las actuaciones de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Cuentas contra los independentistas, pero finalmente lo desestim� al considerar que no se encuentran bajo un control directo del Ejecutivo como s� ocurre con el Ministerio P�blico y el Constitucional.Afe� �el papel pasivo o incluso obstructivo� del Ministerio FiscalJunto al apartado de la Ley de Amnist�a, Junts introdujo como grandes incumplimientos de S�nchez la materializaci�n de la transferencia de las competencias de inmigraci�n a Catalu�a, toda vez que en las mesas de negociaci�n el PSOE se comprometi� a que Podemos no la boicotear�a, como finalmente sucedi�, o la publicaci�n de las balanzas fiscales. Esto es, el reconocimiento expreso por parte del Ejecutivo de que el Estado espa�ol adeuda al menos 20.000 millones a Catalu�a. Como cuarto �incumplimiento�, Junts incorpor� la oficialidad del catal�n en Europa.Los mensajes remitidos por Junts al PSOE fueron reportados autom�ticamente por Zapatero al presidente del Gobierno. En los mensajes intervenidos por la Polic�a Judicial al ex presidente figuran instrucciones a su secretaria personal para hacerle llegar �sobres� en mano a S�nchez que conten�an esta informaci�n sensible.As� ocurri�, por ejemplo, el pasado mes de enero, cuando Zapatero, que ya ten�a acceso al informe referido, inform� a S�nchez de cu�l era la relaci�n con Junts en un momento en el que la �nica posibilidad de reconducir la situaci�n pasaba por un nuevo pronunciamiento del Constitucional, esta vez para considerar que la Ley de Amnist�a es aplicable tambi�n al delito de malversaci�n de Puigdemont y as� autorizar su vuelta enmendando la plana al Supremo.Esta resoluci�n est� prevista para el pr�ximo oto�o, pese a que, de nuevo, los socialistas aseguraron a Junts que se iba a haber producido hace meses. Hace un a�o Zapatero tambi�n instruy� a su secretaria para que destruyera una nota confidencial que conten�a las exigencias de Junts para no romper con el PSOE horas despu�s de haber mantenido un encuentro con Puigdemont en Z�rich.En tan solo unos d�as, el pr�ximo jueves, el Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea (TJUE) dictar� su sentencia sobre la Ley de Amnist�a para determinar si los gastos del proc�s pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE y si el olvido de los delitos de terrorismo fue acorde a la normativa comunitaria. En las filas del partido de Carles Puigdemont dan por hecho que la resoluci�n ser� favorable a sus intereses y barajan como una opci�n posible que Puigdemont regrese a Espa�a de nuevo tras el verano si el Constitucional dilata todav�a m�s su pronunciamiento definitivo. No en vano, Junts f�a su recuperaci�n, ante el imparable auge de Alianza Catalana, al regreso de su l�der, que provocar�, seg�n sus principales colaboradores, una remontada expr�s en la intenci�n de voto de cara a las pr�ximas generales.