Un grupo de hombres armados irrumpió el lunes 29 de junio en el instituto de secundaria de Lassa, en el Estado nigeriano de Borno, y secuestró a 47 escolares. Dos profesores y un alumno fueron asesinados en el asalto y, posteriormente, diez adolescentes fueron rescatados por la Policía. Es solo el último de una larga serie de secuestros en centros educativos de Nigeria que comienza en 2014 con el tristemente célebre rapto de las 276 niñas de Chibok, que movilizó a la comunidad internacional. Desde entonces, más de 2.000 escolares y 1.000 profesores han sido secuestrados, según denunció recientemente la activista por los derechos humanos y abogada nigeriana Abiola Akiyode-Afolabi.Estos secuestros, que suelen tener un objetivo económico y son protagonizados tanto por bandas de delincuentes como por grupos yihadistas, han sido una constante amenaza sobre las escuelas nigerianas en los últimos años, especialmente en los Estados del norte del país. Un informe de Save the Children fechado en 2023 cuantificaba en 1.683 los escolares raptados desde 2014, pero en los últimos tres años la tendencia se ha mantenido al alza.A mediados del pasado mes de mayo, 39 estudiantes y siete profesores fueron raptados en el estado de Oyo, y otros 50 en el estado de Borno. En noviembre de 2025, más de 300 alumnos de la escuela St. Mary, en la localidad de Papiri del estado de Níger, corrieron la misma suerte.“Pensamos que el Gobierno iba a aprender la lección de las niñas de Chibok (…) pero es obvio que esto no es una prioridad para el Gobierno. El presidente de este país tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y está claro que ha fracasado en esta tarea (…) Hoy nuestros niños no solo están amenazados físicamente sino que están atormentados psicológicamente. Nuestros hijos no pueden ir a la escuela con tranquilidad”, lamentaba Akiyode-Afolabi, directora del Centro de Investigación y Documentación de Defensores de la Mujer (WARDC, por sus siglas en inglés), en un debate público celebrado en Oyo hace dos semanas.En 2015, el Gobierno nigeriano se adhirió a la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso internacional para proteger a estudiantes y profesores de ataques de todo tipo. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) acusan a las autoridades del gigante africano —con 230 millones de habitantes, es el país más poblado del continente— de inacción frente a la amenaza creciente de los secuestros.“La protección de la vida de los niños es primordial, y el Gobierno nigeriano tiene el deber de garantizar que el sector educativo del país no se vea aún más amenazado por los grupos armados que siembran el caos en el norte de Nigeria”, señalaba la sección nigeriana de AI el pasado lunes, a través de la red social X, tras el secuestro de Lassa.Una de las consecuencias de estos secuestros —que generalmente terminan con la liberación de los estudiantes tras el pago del rescate, aunque algunas veces se tardan meses o años— es el cierre temporal de escuelas en las zonas afectadas, sobre todo en las áreas rurales donde las fuerzas de seguridad tienen menos presencia. El pasado noviembre, tras el rapto de más de 300 escolares en Papiri, más de 20.000 colegios pertenecientes a siete estados cerraron durante dos meses.“Las autoridades han fracasado a la hora de proteger a los niños y los profesores de estos ataques y de garantizar el acceso a la educación”, dijo entonces Ido Sanusi, director de Amnistía Internacional en Nigeria, quien añadía que “el riesgo de secuestro está forzando a millones de niños a abandonar la escuela”. “Y, cuando se trata de niñas menores que ven interrumpida su educación, muchas se ven forzadas a casarse. Esto supone un golpe devastador para años de esfuerzos por aumentar la matriculación en las escuelas de las zonas con mayores carencias educativas del norte de Nigeria”, subrayaba. Reforma históricaPara hacer frente a los ataques y secuestros de los grupos armados, uno de los principales retos a los que se enfrenta al Gobierno nigeriano, el Senado aprobó el pasado 24 de junio un proyecto de ley de descentralización de sus fuerzas de seguridad, abriendo la puerta a la creación de 36 policías estatales que serían complementarias de la policía federal, hasta ahora la única que existe en el país. Esta reforma histórica de la arquitectura de seguridad conecta con la exigencia de buena parte de la sociedad civil de combatir la violencia que sufre el país contando con las comunidades locales y extender la red de seguridad a las zonas más alejadas de los centros urbanos. Los escolares son víctimas prioritarias de los secuestros pero no son los únicos. Solo entre julio de 2024 y junio de 2025, al menos 4.700 personas fueron raptadas por grupos armados en un millar de incidentes en Nigeria, según el centro de inteligencia SB-Morgen. En su informe Las cifras de la industria del secuestro en Nigeria, este organismo asegura que los grupos armados, tanto yihadistas como delincuentes, obtuvieron alrededor de 1,5 millones de euros de los 30 millones que exigieron.En sus conclusiones, los autores del documento aseguran que, “a menos que las fuerzas de seguridad desmantelen estas redes y aborden las causas profundas, pobreza, desempleo y debilidad de las fuerzas del orden, el ciclo de secuestros, rescates y muertes continuará sin control, sumiendo a los nigerianos comunes en un miedo constante”.