El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha enviado, a petición del fiscal anticorrupción Luis Pastor, un escrito al coronel Pedro Merino, actual máximo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que le plantea la conveniencia de que el teniente coronel Antonio Balas se mantenga al frente de las pesquisas del llamado caso Koldo. La petición se produce ante el inminente ascenso de Balas a coronel ―se espera que se produzca para finales de agosto―, lo que en el instituto armado supone un cambio de destino a un puesto de este rango que, necesariamente, sería fuera de la unidad y, por tanto, dejaría de liderar las pesquisas de los casos de corrupción.La petición del juez y la Fiscalía se produce en un momento de máxima tensión entre el Gobierno y la Guardia Civil después de que una investigación liderada precisamente por Balas haya desembocado en la imputación de la directora general del instituto armado, Mercedes González, por supuestas presiones a la unidad para obstaculizar las pesquisas que afectan al PSOE y al entorno familiar de Pedro Sánchez. El ascenso de Balas estaba previsto desde hace tiempo, ya que el alto mando ocupa el sexto puesto en el escalafón de tenientes coroneles que a partir del 1 de julio les toca alcanzar el rango de coroneles, pero no por ello ha evitado las interpretaciones. Ya se produjo una situación similar cuando se anunció en diciembre el ascenso del entonces jefe de la UCO, el coronel Rafael Yuste, a general y, por tanto, su salida de la unidad. Entonces, el PP denunció que el cambio buscaba maniatar a la UCO.Fuentes del instituto armado coinciden en señalar que, en el caso de Balas, su ascenso no tiene que significar, ni mucho menos, su salida inmediata de la unidad. De hecho, insisten en que es “habitual” que mandos que han ascendido se mantengan durante un tiempo en su puesto. Para ello, Interior debe acordar que el aún teniente coronel continúe en la unidad pese a su ascenso en lo que se conoce como “comisión de servicios” ―adjudicar a un agente temporalmente un puesto distinto al que le corresponde― y que puede ser hasta un año, aunque se puede prorrogar por más tiempo en casos excepcionales. En este sentido, las fuentes consultadas destacan que situaciones similares se han vivido en la propia UCO, donde recientemente el responsable de la lucha contra el narcotráfico se mantuvo en su puesto durante meses por cuestiones operativas pese a que había ascendido a coronel.En el caso de Balas, el hecho de que haya sido un juez de la Audiencia Nacional quien lo haya planteado a instancias de la Fiscalía allana esta posibilidad, según coinciden en señalar las fuentes consultadas, sobre todo por los términos en los que lo han hecho. En la resolución, el magistrado señala que Anticorrupción ha alertado de que el ascenso del alto mando está “próximo”, “julio o agosto de este año”, y que sería necesario que el teniente coronel permaneciera en su puesto “por el tiempo necesario” para concluir las pesquisas. El fiscal Pastor esgrime para ello que Balas “ha tenido un papel relevante” en la investigación centrada en las presuntas corruptelas del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.Aunque el juez se dirige al coronel Merino, fuentes del instituto armado detallan que no será este el que tenga la última palabra. El actual jefe de la UCO deberá informar al actual jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil, el general Alfonso López-Malo ―que precisamente ha declarado recientemente como testigo en una de las causas que lleva Balas, la de las maniobras de la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez―, quien a su vez debe transmitirlo al Estado Mayor, donde se decide la política de personal del instituto armado. Será este el que tenga la última palabra. “Es un tema administrativo que se ha hecho en numerosas ocasiones”, insiste una de las fuentes consultadas, que da por hecho que el teniente coronel seguirá al frente de las pesquisas.Balas, en el foco públicoBalas, hasta hace no tanto un desconocido para la opinión pública, ha adquirido relevancia al situarse al frente de las principales pesquisas de la UCO que afectan al Gobierno y al PSOE. Fue quien dirigió el registro en el despacho del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el 30 de octubre de 2024. También fue él quien avaló el informe clave de la causa, que atribuía al jefe del ministerio público una “participación preeminente” en las filtraciones contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Su testimonio fue uno de los más contundentes en el juicio que se celebró en el Tribunal Supremo, que concluyó con la condena de García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Lidera igualmente la investigación policial por el caso Koldo, que comenzó en la Audiencia Nacional centrada en la trama de cobro de sobornos a cambio de adjudicar contratos públicos de mascarillas en plena pandemia y acabó saltando al Supremo con la imputación de Ábalos, quien finalmente ha sido condenado, junto a Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, aunque este último ni siquiera entrará en prisión. En este juicio, su testimonio también fue determinante para acreditar la existencia de una organización criminal y la forma en la que movía el dinero, pero se distanció de Anticorrupción en lo relativo al papel del empresario y la valía de su confesión. Mientras que la Fiscalía había apuntado a Ábalos como el cabecilla, Balas señaló a Aldama porque era el que pagaba, y “el que paga manda”. El caso Koldo es precisamente el que ha motivado la petición del juez y del fiscal, porque las pesquisas aún continúan en la Audiencia Nacional con diversas líneas de investigación: la trama de mascarillas (en lo que afecta a otros implicados), los supuestos amaños de obra pública o los pagos en efectivo del PSOE a Ábalos y García. Balas ha sido asimismo la cabeza de la UCO en las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente. La declaración del teniente coronel durante el juicio es una de las piezas claves en la que las acusaciones sustentan su petición de seis años de cárcel para el familiar de Pedro Sánchez. Aún no se conoce la sentencia. El alto mando también participa en las pesquisas sobre Begoña Gómez, esposa del presidente, a la que el juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. El teniente coronel también encabeza la investigación policial sobre la supuesta trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que, a través de Leire Díez y colaboradores suyos, entre empresarios y abogados, se dedicó a buscar información sensible de jueces, fiscales y agentes de la UCO, entre ellos Balas, para torpedear las causas que afectaban al Ejecutivo y al partido. En el audio de una de las reuniones que Díez y los suyos mantuvieron con este fin, se escucha a la exmilitante socialista decir: “Si Balas está muerto, mejor”.