Entrevista Exclusivo suscriptores El magistrado Iván Mauricio Lenis, hace un llamado a fortalecer el diálogo entre ramas y respetar los controles democráticos.Magistrado Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema Foto: ArchivoPERIODISTA JUDICIAL11.07.2026 23:30 Actualizado: 11.07.2026 23:30 EDITOR MESA11.07.2026 23:30 Actualizado: 11.07.2026 23:30
En medio de la transición hacia un nuevo gobierno y tras una de las elecciones más tensionantes de los últimos años, el presidente de la Corte Suprema de Justicia el magistrado Iván Mauricio Lenis, sostiene que el país superó una prueba de alta exigencia gracias al funcionamiento de los mecanismos constitucionales, al trabajo coordinado de las autoridades electorales y judiciales y al respeto por las reglas que permitieron la proclamación oficial del presidente electo.En esta entrevista con EL TIEMPO, el magistrado aborda los desafíos que deja la polarización política, la relación que espera construir con el próximo gobierno, los límites del poder en un Estado de derecho y las prioridades de la Rama Judicial para los próximos años. También reflexiona sobre la necesidad de fortalecer el debate público, preservar la independencia de la justicia y consolidar una colaboración armónica entre las instituciones como base para afrontar los principales retos del país.El magistrado Iván mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justici Foto:Fernando Ariza¿Cuál es el balance que usted hace del momento que vivimos hoy, pero también de la solidez institucional que mostró Colombia en medio de un momento de muchísima tensión política?Todas las personas que estuvieron encargadas de organizar esta jornada hicieron un muy buen trabajo: la Policía, las Fuerzas Militares, la Registraduría, los jurados de votación y, en general, todas las entidades responsables de la verificación y consolidación de los resultados electorales. Las instituciones ofrecieron garantías de transparencia e imparcialidad, y eso permitió que el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano autónomo encargado de declarar los resultados oficiales, pudiera proclamar a un presidente electo. Esa es una realidad. Si hay personas o actores sociales que tienen dudas, existen los mecanismos previstos ante el Consejo de Estado, en la Sección Quinta, para presentar una acción de nulidad electoral. Con las pruebas que aporten, habrá que esperar el resultado de ese proceso. Pero de esta jornada también quisiera destacar otra cosa: ya deberíamos superar la etapa electoral y dejar atrás lo que ha sido tan común en los últimos años, una política basada en la confrontación. He insistido en la necesidad de fortalecer el debate público, garantizar que todas las voces sean escuchadas y que los problemas que enfrenta el país, que son muchos y muy complejos, puedan discutirse entre todos los actores para tomar las mejores decisiones en beneficio de la ciudadanía. Me parece importante dejar esa confrontación atrás y concentrarnos en objetivos comunes que permitan darle al país las soluciones que necesita.Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto:Corte Suprema de Justicia.El primer acto del presidente electo, tras recibir la credencial, fue reunirse con los presidentes de las altas cortes. ¿Cómo recibió la Corte Suprema esa visita?Es positivo. Él va a ser el presidente de este país durante los próximos cuatro años y tomará posesión el 7 de agosto. Por eso considero que ese encuentro envía un mensaje importante por parte de quien será la cabeza del Estado y representa la unidad nacional: la voluntad de mantener un diálogo armónico con las altas cortes. Ojalá ese sea el camino durante los próximos años.¿Cómo fue ese diálogo institucional durante los últimos cuatro años con el gobierno del presidente Gustavo Petro y con los ministros de Justicia que tuvo?No fue el diálogo institucional armónico que hubiera sido deseable. No se dio de la mejor manera porque hubo tensiones políticas que, a mi juicio, interfirieron en esa relación entre el Gobierno y las altas cortes. Esperamos que ese diálogo, que además es un mandato de la Constitución y de la democracia, pueda desarrollarse de mejor manera con el nuevo gobierno.Corte Suprema de Justicia Foto:CortesíaPor primera vez, las altas cortes emitieron un comunicado conjunto para pedir respeto por los resultados electorales y el escrutinio. ¿Qué riesgos identificaron en los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro y del entonces excandidato Iván Cepeda sobre un supuesto desconocimiento de los resultados?Creo que el balance de los últimos años demuestra que Colombia tiene una democracia sólida. Es cierto que la independencia judicial y la democracia han enfrentado tensiones, en buena medida porque existen demandas ciudadanas insatisfechas, hay polarización y también desinformación. Pero, al mismo tiempo, esas tensiones han puesto a prueba a las instituciones y las respuestas de las altas cortes han contribuido a fortalecerlas. La democracia no depende únicamente del gobierno de las mayorías o del resultado de unas elecciones; depende también de la vigencia de unas reglas comunes de convivencia. Eso es fundamental. Esa convivencia implica cooperación, reconocimiento recíproco, solidaridad y acción colectiva. Además, este momento deja otra lección: el Estado de derecho no es un adversario de la democracia; por el contrario, es la condición para que exista. Sin libertad de expresión no hay deliberación pública y sin jueces independientes no hay garantía de los derechos y las libertades. Lo que esto demuestra es que existe una institucionalidad que protege los derechos, las libertades y las reglas democráticas. La justicia cumplió su papel de garantizar esas reglas de convivencia y de democracia, pero eso no depende únicamente de un poder público, sino de todos los poderes del Estado y también de la ciudadanía. Es posible que, en medio de una confrontación política tan intensa, de la polarización y de la desinformación, algunos actores hayan comenzado a cuestionar los resultados electorales. Frente a eso, la Rama Judicial respaldó el trabajo realizado, porque el preconteo coincidió con el escrutinio adelantado por los jueces, y una regla básica de la democracia es respetar esos resultados. Por supuesto, si alguien tiene dudas o evidencia de alguna irregularidad, existen mecanismos judiciales para acudir al Consejo de Estado. Lo único que hizo la Rama Judicial fue hacer un llamado a la serenidad y a la calma para que se respetaran los resultados de las elecciones. Respetar esos resultados es reconocer la diferencia, respetar la decisión de la ciudadanía y reafirmar las reglas democráticas que rigen nuestro sistema.Magistrado Iván Mauricio Lenis, nuevo vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Foto:Archivo¿Quién reconoce oficialmente a un presidente de la República en Colombia? Sin perjuicio de las demandas que puedan presentarse contra los resultados electorales, ¿qué efectos tiene el escrutinio que ya fue declarado por el Consejo Nacional Electoral?Institucionalmente, el órgano encargado de declarar una elección en Colombia es el Consejo Nacional Electoral, y esa decisión ya fue adoptada. Antes de esa declaratoria se surten distintas etapas para verificar y consolidar los resultados, durante las cuales también pueden presentarse reclamaciones, y ese proceso igualmente ya concluyó. En esa materia, el papel del Consejo Nacional Electoral termina con la declaratoria oficial de la elección.Esta semana se conmemoraron los 35 años de la Constitución de 1991. ¿Cree que las propuestas de convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin un consenso nacional ni un verdadero momento constituyente ya quedaron atrás o todavía existe el riesgo de que vuelvan a surgir?Creo que esas propuestas estuvieron muy ligadas al contexto de la campaña electoral y, con el paso del tiempo, fueron perdiendo fuerza. No sabemos si en el futuro algún actor político volverá a plantearlas. Lo que sí puedo decir es que la Constitución de 1991 representa un hito fundamental en la historia democrática del país. Nos ha permitido mantener una convivencia social basada en reglas comunes, reconocer derechos y libertades, proteger a las minorías y consolidar una sociedad pluralista. Considero que ese gran acuerdo nacional sigue plenamente vigente. Se ha avanzado en la materialización de la Constitución, aunque todavía quedan aspectos por desarrollar y, quizá, ese proceso no ha avanzado al ritmo que muchos esperaban. Por eso es responsabilidad de todos los poderes públicos, de las instituciones y de la ciudadanía seguir trabajando para hacer realidad ese pacto constitucional. La Constitución, al consagrar el Estado social de derecho, creó las condiciones para garantizar los derechos y las libertades de las personas. Además, deja claro que la diferencia no es una amenaza, sino una condición esencial para la democracia. En materia de justicia, que es el ámbito que más me corresponde, estableció el acceso a la justicia como un derecho y creó mecanismos que democratizaron su ejercicio, como la acción de tutela, las acciones populares, las acciones de grupo y la acción pública de inconstitucionalidad. También creó una Corte Constitucional especializada en proteger e interpretar la Carta Política. Pero, además, dejó una enseñanza que hoy sigue siendo especialmente relevante: ningún poder público puede ejercerse sin controles ni sin límites. Esa es una de las reglas esenciales para preservar y fortalecer la democracia.Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto:EL TIEMPO¿A qué se refiere cuando habla de mejorar la calidad del debate público?A partir de lo que hemos vivido en los últimos años, creo que la intolerancia frente a quien piensa diferente sigue siendo muy alta en el país, y eso como sociedad no nos hace bien. Mantener una política basada en la confrontación no beneficia a nadie. En ese escenario, el derecho puede cumplir una función pedagógica muy importante. ¿En qué sentido? En reafirmar que su finalidad es garantizar certeza y protección para todas las personas, sin importar sus ideas políticas, su ideología, su condición social, cultural, religiosa, sexual o de cualquier otra índole. Ahora, decir que debemos mejorar la calidad del debate público o respetar la diferencia no basta para que eso ocurra. Ahí es donde el derecho puede aportar, a través de las decisiones judiciales y de las reflexiones que surgen desde la justicia, transmitiendo un mensaje claro: no todo trato hacia los demás es constitucionalmente válido. Hoy se dice que las elecciones evidenciaron un país dividido, pero esa división viene de tiempo atrás. Hace cuatro años también existía. Esa política de la confrontación ha impedido construir consensos y objetivos comunes que permitan unir a la sociedad sobre los grandes problemas del país. Necesitamos fortalecer el reconocimiento recíproco y la cooperación entre los ciudadanos. El disenso es fundamental en una democracia y debe preservarse, pero también se necesitan consensos para avanzar en las soluciones que la ciudadanía espera. Además, considero que el país requiere una mayor alfabetización mediática e informacional para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y responsabilidades en la vida pública.Este año se llevaron a cabo las elecciones presidencialea y legislativas. Foto:Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo¿Qué esperan las altas cortes del nuevo gobierno?Esperamos algo en lo que hemos insistido, un respeto real por las instituciones y por la justicia. Colombia, como ocurre en muchos países de América Latina, tiene un régimen presidencialista fuerte, pero eso no significa que el poder pueda ejercerse sin controles. Es fundamental que los gobernantes comprendan que esos controles hacen parte del funcionamiento de la democracia. Cuando la justicia ejerce su función de control, no lo hace en contra de la democracia, del Gobierno o de sus políticas, sino para proteger otros valores constitucionales y democráticos que también son esenciales. Por eso es importante que las instituciones encargadas de controlar el poder puedan hacerlo sin interferencias, porque esa también es una regla democrática. Los jueces somos garantes serenos del ordenamiento constitucional y legal. Al mismo tiempo, considero que debe existir una verdadera colaboración armónica entre los poderes públicos, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, para enfrentar de manera conjunta los desafíos del país y responder a las demandas de la ciudadanía.Corte Suprema de Justicia. Foto:EL TIEMPODentro de esa colaboración armónica, el nuevo gobierno ha planteado la posibilidad de suprimir el Ministerio de Justicia, una decisión que, por supuesto, está dentro de sus facultades. Desde la perspectiva de las altas cortes, ¿es importante mantener un interlocutor institucional como ese ministerio?Esa es una decisión que le corresponde exclusivamente al presidente de la República y al nuevo gobierno. No me corresponde hacer una evaluación sobre una determinación que eventualmente adopten. Lo que sí puedo decir es que considero deseable que exista un Ministerio de Justicia, porque facilita la interlocución institucional en muchos asuntos que son de interés tanto para el Gobierno como para la Rama Judicial. Hay temas muy importantes, como el hacinamiento carcelario, el fortalecimiento del acceso a la justicia, la necesidad de ofrecer una justicia cada vez más cercana, oportuna y eficiente para los ciudadanos, entre muchos otros. Por eso creo que es conveniente mantener ese espacio de diálogo institucional.Con el nuevo gobierno, ¿hay una agenda de reformas judiciales que las altas cortes consideren prioritaria para el país?Cuando empiece el nuevo gobierno seguramente tendremos reuniones con los ministros para definir una agenda de trabajo. Desde la Rama Judicial venimos avanzando con fuerza en la consolidación de la justicia digital, aprovechando las nuevas tecnologías para hacer más eficientes los procedimientos, reducir los tiempos de respuesta, facilitar el acceso a la justicia y eliminar barreras para los ciudadanos. Aún tenemos retos importantes, pero ese trabajo ya está en marcha. Además, en 2025 se aprobaron dos reformas muy relevantes, una en materia laboral y otra en materia penal, orientadas precisamente a lograr una justicia más oportuna y eficiente. Esas modificaciones buscan agilizar los procesos, reducir los tiempos de respuesta y facilitar la interacción entre las partes. Ahora tendremos que evaluar sus resultados en el corto y mediano plazo.Comisión de Acusaciones Foto:Cortesía¿La Corte Suprema impulsará o presentará algún proyecto de ley durante la nueva legislatura?Eventualmente podríamos impulsar alguna iniciativa si no se presenta una regulación sobre la jurisdicción agraria, que consideramos necesaria. En ese escenario, podríamos trabajar en un proyecto relacionado con ese tema.Usted hablaba de que todos los poderes tienen frenos y contrapesos. ¿Cree que es necesario reformar la Comisión de Acusación de la Cámara para que exista un mecanismo más efectivo de control sobre el presidente de la República y los demás funcionarios con fuero constitucional?Esa es una decisión que le corresponde al Congreso de la República, porque así lo establece la Constitución. Lo importante es que nuestro ordenamiento constitucional prevé reglas claras para que ningún poder público ejerza sus funciones sin controles ni límites. Y, aun dentro del esquema actual de la Comisión de Acusación, esos mecanismos de control han podido desarrollarse.¿Sigue pensando que el debate sobre cómo garantizar información confiable en las redes sociales y promover un uso más responsable de esas plataformas debe abordarse desde el derecho o la jurisprudencia?Sí, creo que es una conversación que como sociedad nos debemos. Tenemos que reflexionar sobre cómo mejorar la calidad del debate público, porque una democracia necesita ciudadanos maduros, capaces de participar de manera sensata en las discusiones públicas y de manejar las emociones que muchas veces intervienen en ellas. Pero, además, la experiencia de los últimos años, tanto en Colombia como en el contexto internacional, muestra que debemos pensar en algún tipo de regulación que permita contener los efectos negativos que pueden tener las redes sociales sobre la convivencia y las reglas democráticas. No podría decir cuál debería ser el contenido específico de esa regulación, pero sí considero que debemos empezar a discutir, por ejemplo, cómo evitar que las plataformas digitales se utilicen para difundir desinformación abiertamente contraria a la realidad o para que los algoritmos influyan indebidamente en la opinión pública.Corte Suprema de Justicia Foto:César MelgarejoLa Corte ha impulsado varias iniciativas para acercar la justicia a la ciudadanía, como Cronicando y los encuentros de Justicia y Ciudadanía. ¿En qué consisten esos espacios?Este año estamos realizando los encuentros de Justicia y Ciudadanía, que son espacios para mantener una conversación abierta con la sociedad y promover reflexiones sobre asuntos de gran importancia para la convivencia. Ya realizamos uno sobre delincuencia juvenil y justicia restaurativa, y próximamente tendremos otro sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Es un problema que debemos analizar como sociedad para entender qué está ocurriendo y aportar insumos que permitan fortalecer las políticas públicas. Más adelante también realizaremos un encuentro sobre redes sociales y desinformación. Insisto en que no se trata de limitar la libertad de expresión, porque ese es un derecho esencial en una democracia y debe ejercerse con plena libertad. Lo que buscamos es abrir una discusión sobre cómo enfrentar los efectos negativos que la desinformación está generando, especialmente por la velocidad y el alcance que tiene en las plataformas digitales. Cronicando es una convocatoria de entidades de la justicia, la Procuraduria, la Defensoría, la fundación Sura y la Fundación Gabo para invitar a niñas, niños y adolescentes a contar el país que sueñan. Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
