La Audiencia Nacional arrastra los pies en la investigación de causas graves de corrupción policial vinculadas al Ministerio del Interior bajo mandato del PP entre 2012 y 2018. Un tribunal de ese órgano juzga estos días el caso Kitchen, la operación policial dirigida desde Interior y perpetrada por media docena de comisarios para robar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, pruebas sobre la financiación ilegal de la formación conservadora. Pero el grueso de las operaciones secretas de aquellas cloacas del Estado sigue impune diez años después.
Comisarios empoderados trabajaron en la fabricación de pruebas, muchas de ellas falsas, contra políticos de la oposición. Lo hicieron fuera de la Ley, a espaldas de los jueces pero con el impulso y conocimiento de la cúpula de Interior y del PP. La misión de aquellos comisarios corruptos culminaba en muchas ocasiones con la difusión del resultado de sus trabajos a través de medios de comunicación afines al partido.
La guerra sucia de los agentes tuvo un triple objetivo: dirigentes independentistas catalanes embarcados en el desafío secesionista; altos cargos de Podemos, la formación emergente que amenazaba la continuidad del PP en el poder; y el entonces líder de la oposición y hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
