—¿Cómo interpreta la decisión del juez Martínez de Giorgi de apartar a las querellas de la causa Libra?
—Tiene una lectura política y una jurídica. La política es que el fallo va en sintonía con lo que pretende el Poder Ejecutivo. Antes de asumir como viceministro de Justicia, Santiago Viola hizo gestiones para convencer a los damnificados de desistir de la acción penal en la Argentina. También Fernando Burlando realizó movimientos en ese sentido antes de conocerse esta resolución. Además, poco antes de que Martínez de Giorgi resolviera apartar a las querellas, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego para designar jueza nacional a su esposa. Ese dato genera, como mínimo, un interrogante político muy fuerte sobre el contexto en el que se tomó esta decisión.
—¿Qué implica concretamente sacar a los querellantes del expediente?
—Los querellantes son víctimas reconocidas por distintas instancias judiciales. La causa pasó por cuatro jueces, dos fiscales y tres camaristas, que acreditaron documentalmente su condición de damnificados. Apartarlos significa quitarles participación en una investigación donde fueron reconocidos como víctimas. A mi juicio, es el primer paso para pavimentar la impunidad del presidente Javier Milei, de su hermana Karina Milei y del resto de las personas involucradas.
