La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua eliminó del registro a al menos 2.000 abogados y les impidió ejercer. (EFE/ STR)La eliminación de al menos 2,000 abogados del registro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua impide ejercer su profesión a los juristas, según denunció el experto de la ONU Reed Bródy en una declaración difundida este viernes por EFE. La medida se ejecutó sin aviso previo ni proceso legal y fue coordinada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.Bródy, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, sostuvo que la decisión replicó un patrón de cierre contra actores sociales críticos. El húngaro recordó que hace más de tres décadas participó en la redacción de los Principios Básicos de la ONU sobre la función de los abogados y señaló que esas reglas prohíben apartar a un letrado del ejercicio sin un procedimiento justo ante un órgano independiente.PUBLICIDADDe igual manera, el experto dijo a EFE que habló con varios de los afectados y que todos describieron el mismo mecanismo: desaparecieron del sistema sin notificación previa. “Ya cerraron las ONG, las universidades, los medios, las iglesias. Ahora le toca a la abogacía”, afirmó el jurista, citado por la agencia.Los abogados afectados en Nicaragua desaparecieron del sistema de la Corte Suprema sin notificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)Bródy afirmó que la supresión del registro bloqueó de forma directa la capacidad profesional de los juristas alcanzados por la medida. “En Nicaragua no hubo proceso, no hubo órgano, no hubo nada”, dijo.A su vez, el especialista compartió además el texto del Principio 28 de las Naciones Unidas, que establece que las actuaciones disciplinarias contra abogados deben sustanciarse ante un comité imparcial de la profesión jurídica, un organismo independiente creado por la ley o un tribunal judicial, y deben quedar sujetas a revisión judicial independiente.PUBLICIDADLa denuncia apuntó así a un punto central: el régimen nicaragüense retiró del registro judicial a miles de abogados y los dejó impedidos de ejercer sin explicar las razones ni abrir una instancia de defensa.La consecuencia inmediata fue el bloqueo del ejercicio profesional de un sector que, según Bródy, puede interponerse entre el poder y el ciudadano.El régimen en Nicaragua eliminó a miles de abogados del registro judicial, impidiéndoles ejercer su profesión sin proporcionar explicaciones ni ofrecerles la posibilidad de defenderse. (LA NACION / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)