Noticia Exclusivo suscriptores Lugar no contaba con los permisos para prestar este tipo de servicios.Funcionarios de Policía Judicial inspeccionan el inmueble. Foto: Policía Metropolitana de BogotáSUBEDITORA DE BOGOTÁ 10.07.2026 16:21 Actualizado: 10.07.2026 16:23
La historia comenzó hace tres días, cuando una mujer de 52 años llegó hasta un edificio del barrio Alquería, en la localidad de Puente Aranda, con la intención de someterse a un procedimiento estético. Lo que parecía ser una intervención de rutina terminó convirtiéndose en una nueva tragedia que hoy es investigada por las autoridades y que vuelve a poner bajo la lupa la realización de este tipo de procedimientos en lugares que, al parecer, no cuentan con las autorizaciones exigidas para prestar servicios de salud.De acuerdo con la información confirmada por fuentes allegadas a este medio, la paciente fue intervenida en ese inmueble y, poco después, comenzó a presentar complicaciones médicas. Aunque inicialmente su condición habría sido manejada de manera particular, con el paso de las horas su estado de salud se agravó hasta que fue trasladada de urgencia a una sede de la Cruz Roja, donde finalmente falleció este viernes.La muerte activó de inmediato los protocolos de investigación. Según vecinos de la zona, Unidades de la Policía Metropolitana y funcionarios de Policía Judicial llegaron al edificio donde, presuntamente, se realizó el procedimiento para adelantar la inspección del lugar, preservar evidencias y reconstruir paso a paso lo sucedido antes de la muerte de la paciente.Los investigadores buscan establecer qué procedimiento fue practicado, quién lo realizó, qué medicamentos fueron utilizados y si las personas que participaron en la atención contaban con la formación profesional y las autorizaciones exigidas para desarrollar este tipo de intervenciones. También revisan la documentación relacionada con la paciente y las condiciones en las que habría sido atendida.Uno de los aspectos que más llama la atención dentro de la investigación tiene que ver con el lugar donde, presuntamente, se practicó la intervención. EL TIEMPO verificó que el establecimiento no aparece registrado en la base de datos pública de la Secretaría Distrital de Salud como una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) habilitada para realizar procedimientos de cirugía plástica o estética. Este hallazgo hace parte de los elementos que ahora son analizados por las autoridades para establecer si la atención fue prestada al margen de la normatividad sanitaria.Pese a ello, el negocio mantiene presencia activa en redes sociales. En su cuenta de Instagram se promociona como “especialistas en postoperatorio”, publica contenido relacionado con la recuperación de cirugías estéticas y ofrece atención en Bogotá mediante canales de contacto digitales. Ese material también hace parte de la información conocida dentro del caso, mientras las autoridades verifican el alcance de los servicios que allí se ofrecían.La investigación también busca establecer si el inmueble cumplía con las condiciones sanitarias, técnicas y administrativas exigidas para prestar servicios relacionados con procedimientos estéticos, así como determinar si existía la habilitación correspondiente para desarrollar actividades de carácter médico.El caso apenas comienza y serán los resultados de Medicina Legal, junto con los elementos materiales probatorios recolectados por la Policía Judicial, los que permitirán establecer las causas exactas de la muerte y definir si hubo responsabilidades penales o administrativas.Esta nueva muerte revive la preocupación por los procedimientos estéticos que, presuntamente, continúan realizándose en apartamentos, edificios o inmuebles que no cuentan con la habilitación requerida por las autoridades sanitarias. En los últimos años, Bogotá ha sido escenario de múltiples operativos para detectar establecimientos que ofrecen este tipo de servicios sin cumplir los requisitos establecidos por la ley, un fenómeno que sigue cobrando víctimas mientras avanzan las investigaciones.EL TIEMPO intentó comunicarse en repetidas oportunidades con Ingrid Paola Mazo, representante legal del establecimiento, para conocer su versión sobre lo ocurrido. También buscó contacto a través de los canales publicados por el negocio; sin embargo, al cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta.CAROL MALAVERSUBEDITORA BOGOTÁEscríbanos a carmal@eltiempo.com Sigue toda la información de Bogotá en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
