El instructor del caso sobre los gastos de campaña de Se Acabó la Fiesta pide un informe a la Policía sobre los monederos virtuales supuestamente creados por el eurodiputado ultra y un empresario
El Tribunal Supremo ha reactivado la investigación sobre la supuesta financiación irregular de Se Acabó la Fiesta (SALF) una vez que el Parlamento Europeo levantó en mayo pasado la inmunidad como eurodiputado de la que gozaba su líder, Luis Pérez, Alvise. El magistrado Julián Sánchez Melgar, en un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha reclamado a la agrupación electoral ultra toda su información contable y ha requerido al Tribunal de Cuentas el informe y la documentación presentada por SALF sobre las Elecciones al Parlamento Europeo de 2024. El juez encarga también a la Policía Nacional que investigue el tráfico de wallets (monederos virtuales) supuestamente creadas por Alvise y el empresario Álvaro Romillo para recibir donaciones anónimas destinadas a sostener los gastos de campaña.
La investigación sobre la supuesta financiación irregular de Se Acabó La Fiesta es la causa de más envergadura de las seis que el Supremo ha abierto ya a Alvise. El tribunal considera que hay indicios de que el líder ultra recibió 100.000 euros de un empresario especializado en criptomonedas para financiar la campaña de las últimas elecciones europeas, en las que SALF consiguió más de 800.000 votos y tres escaños. Alvise admitió en julio de 2025 ante el magistrado Sánchez Melgar que Romillo ―también imputado en el caso― le entregó esa cantidad en efectivo, pero negó que utilizara ese dinero para financiar la campaña. Fuentes presentes en la declaración señalaron entonces que el eurodiputado aseguró que había usado la mitad del dinero para gastos personales y para algunos viajes profesionales, y que la otra mitad la tenía guardada. Romillo desmintió esa versión y aseguró que siempre quedó claro que los 100.000 euros eran para gastos del partido.
