Investigación Exclusivo suscriptores Uno de los cargos es el de coordinador del CTI de la entidad. Según José Reyes Rodríguez, designaciones estaban represadas por ley de garantías.José Reyes Rodríguez, centro, cabeza de la Justicia penal Militar, en la inauguración de despachos. Foto: Justicia Penal Militar10.07.2026 05:01 Actualizado: 10.07.2026 05:01
En el Ejército y en la Policía aseguran que ni la Justicia Penal Militar se estaría librando de los nombramientos de última hora que está haciendo el gobierno saliente de Gustavo Petro en pleno empalme con el del presidente electo Abelardo de la Espriella.Si bien también hay alerta sobre designaciones en cargos diplomáticos, porque deben permanecer al menos un año –para no incurrir en un detrimento patrimonial por la prima de traslado–, en el caso de la Justicia Penal Militar la alarma es que aterrice gente (civiles) sin experticia en esa jurisdicción. LEA TAMBIÉN Ocho en dos minutosLas hojas de vida subidas por Presidencia. Foto:Presidencia de la República“La llegada de tanto civil no es normal. Esto es una justicia especializada. Así como en la justicia indígena los jueces y los fiscales son indígenas, en la Justicia Penal Militar el mayor componente tiene que estar conformado por personal de las Fuerzas Militares. Y así lo han señalado incluso sentencias de las altas cortes cuando han argumentado por qué se debe mantener esa jurisdicción”, le dijo a EL TIEMPO un miembro de la Justicia Penal Militar.Y agregó que durante la actual administración –en cabeza de José Reyes Rodríguez Casas, cercano a Iván Velásquez– se ha venido nombrando a personal civil: “Y ahora, como está pasando en el empalme, están nombrando para dejar ahí gente cercana a ellos. Pero viene pasando desde hace muchos meses”.Según un reciente informe, ya hay 199 civiles (46,5 por ciento)frente a 229 uniformados (un 53,5 por ciento del total). LEA TAMBIÉN Las hojas de vidaEl número de civiles en la jurisdicción Penal Militar va en aumento. Foto:Justicia Penal MilitarEL TIEMPO investigó y estableció que el pasado 1.º de julio, desde las 3:05:57 de la tarde hasta las 3:08:45 de la tarde (dos minutos y 48 segundos) se subieron las hojas de vida de ocho personas que aspiran a llegar a tres cargos de jueces de instrucción; cuatro de fiscales penal militar y policial, y el coordinador nacional del cuerpo técnico de investigación de la Justicia Penal Militar.Si bien el total de jueces en esa jurisdicción es de 154 y 146 fiscales, los denunciantes dicen que el ingreso de civiles se viene haciendo desde que llegó Rodríguez.Entre los cargos a proveer al final de este cuatrienio está el de coordinadora nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar. La candidata es Jeannette González Sanabria, que desde 1994 estuvo adscrita a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema y que fungió como investigadora dentro de casos de ‘parapolítica’.Los candidatos para jueces son Sonia Mireya Sanabria, de Ciénaga (Boyacá), quien desde 2003 se venía desempeñando como juez penal del circuito de Bogotá. Además, Gustavo Adolfo Tobo Rodríguez, quien desde 2013 hasta el pasado junio fue delegado departamental de la Registraduría en Cundinamarca; y Diego Fabián Peñuela, de Villavicencio y quien fungió como director seccional de Fiscalía en Casanare.Y para cargos de fiscal están Reinaldo Cardona, Diana Arias y Adriana Lizarazo Guerrero, quienes ya trabajaban en la Justicia Penal Militar como jueces. Además, Germán León Beltrán, que ya había sido fiscal.“El tema no es el código, sino quiénes aplican la normatividad. Tiene que ser gente que lleve años de experiencia en las Fuerzas, con amplio conocimiento en derecho operacional, derechos humanos, derecho internacional humanitario y en doctrina policial y militar. La especialidad en el derecho penal y procesal es importante, pero insuficiente”, señalan los denunciantes. LEA TAMBIÉN ‘Estaban represados’José Reyes Rodríguez Casas, Director de la Justicia Penal Militar y Policial. Foto:Justicia Penal MilitarJosé Reyes Rodríguez Casas, director de la Justicia Penal Militar y Policial, le dijo a EL TIEMPO que esos nombramientos venían desde enero: “Esas hojas de vida estaban represadas desde hace tiempo por la restricción de la ley de garantías. Los nombramientos tendrían que haberse hecho en febrero”. Y agregó: “No son de última hora, incluso se les hizo estudio de seguridad, que demora unos dos meses. No fue que se nos ocurriera de repente”.Además, resaltó que algunos vienen de la misma entidad.En cuanto al nombramiento de civiles, aseguró: “En la mayoría de casos, tienen más experiencia que quienes vienen de las Fuerzas Militares. Los civiles tienen de 10 a 15 años de experiencia como fiscales o jueces, mientras que los policías y militares están recién salidos de la universidad y no tienen conocimiento de siquiera cómo ingresar a una audiencia”. LEA TAMBIÉN Y agregó: “Hay que hacerles un programa de inmersión, incluso a veces asignarlos a un juez, para que adquieran las habilidades y asistan a capacitaciones”.De hecho, dijo que podría haber personas de las propias Fuerzas Militares que no fueron nombradas porque no cumplían con los requisitos de idoneidad: “Entonces ahora andan diciendo que los civiles no son capaces o no saben del tema”.UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaETSíganos ahora en Facebook Sigue toda la información de Unidad Investigativa en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
