Ante las denuncias de abusos, explotación laboral y condiciones de trabajo extremas hacia los jornaleros agrícolas mexicanos que laboran en Canadá, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y del Trabajo y Previsión Social a revisar dicha situación y proteger los derechos de los connacionales.En un punto de acuerdo aprobado y turnado a ambas dependencias se solicita que en el ámbito de sus atribuciones continúen fortaleciendo la difusión y promoción de los derechos de las personas mexicanas que participan en el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales en Canadá (PTAT).Se subraya que “diversos organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y testimonios directos han evidenciado que dicho programa, en su diseño y operación actual, reproduce condiciones estructurales que vulneran los derechos humanos y laborales de las y los participantes, colocándolos en situaciones de dependencia, riesgo y explotación”.Lee también Sheinbaum destaca reconocimiento de EU sobre tráfico de armas; demanda contra armerías sigue en fase de prueba: SREFamilias jornaleras agrícolas migrantes. Foto: Archivo / EL UNIVERSALAdemás, la mayoría de los trabajadores laboran en zonas rurales remotas, sin transporte público ni alternativas de movilidad, por lo que el acceso a compras, salud, comunicación o traslado depende frecuentemente del propio empleador, limitando su libertad de movimiento y dificultando el acceso a autoridades consulares o a apoyo legal resultando en un aislamiento geográfico y dependencia cotidiana.Senadores y diputados de todas las bancadas expusieron que organizaciones y activistas han señalado que, “sin mecanismos binacionales vinculantes, los actos de abuso continúan en un contexto de impunidad”. [Publicidad]De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores el programa pasó de enviar 203 trabajadores en 1974 a más de 145 mil trabajadores agrícolas colocados entre 2019 y junio de 2024. Esta cifra refleja la magnitud e impacto social del programa, pero también la necesidad de reforzar los mecanismos de protección y supervisión consular.nro/apr[Publicidad][Publicidad]