BOGOTÁ (AP) — A una década de la histórica firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Tribunal de Paz creado para juzgar los crímenes del conflicto armado se juega su futuro.El presidente electo, el conservador Abelardo de la Espriella, dijo durante la campaña que haría todo lo que estuviera a su alcance para desmontar el tribunal, al que considera “fallido”, pese a que no ha cumplido sus 15 años de mandato.Sin embargo, no sería un asunto sencillo debido a su “blindaje constitucional e internacional”, explicó en entrevista con The Associated Press Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como se denomina el tribunal.El tribunal está protegido por la Constitución colombiana y cuenta con el respaldo de la Corte Penal Internacional (CPI), que en 2021 cerró un examen preliminar a Colombia al considerar que estaba a la altura de sus obligaciones internacionales en materia de justicia, en gran parte por los avances de la JEP.Ramelli aseguró que esa decisión fue condicionada a no cerrar la JEP, no modificarla ni desfinanciarla. “Si eventualmente pasa alguna de esas tres cosas o varias, la Fiscalía (de la CPI) puede revertir esa decisión y podría nuevamente abrirse ese examen preliminar y eventualmente una investigación ya formal contra personas particulares de Colombia”, agregó.