La investigación de la Fiscalía sobre una presunta red de delincuencia organizada que operaba en dependencias de tránsito de Manabí expone un supuesto tarifario de sobornos para agilizar trámites vehiculares y un lenguaje en clave que permitía coordinar las operaciones sin mencionar directamente las actividades investigadas.El proceso se centra en una presunta organización que habría manipulado los sistemas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y de unidades municipales de movilidad en los cantones Jipijapa y Bolívar para emitir licencias de conducir, matrículas, revisiones técnicas vehiculares y otros documentos a cambio de pagos irregulares.Dentro de este caso, conocido como Digitador, permanece con prisión preventiva la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Esperanza Plúa Santillán, procesada por el presunto delito de delincuencia organizada.PublicidadLa investigación también involucra a funcionarios municipales, digitadores y tramitadores externos.Interceptaciones de llamadas, seguimientos y dispositivos electrónicos: así habría operado estructura vinculada a la alcaldesa de Jipijapa, según FiscalíaEl tarifario que describe el expediente judicialLos documentos incorporados al proceso señalan que la organización habría establecido valores específicos para distintos trámites.Los montos variaban de acuerdo con el tipo de servicio y el nivel de dificultad para alterar el procedimiento.PublicidadPublicidadEn el caso de las licencias de conducir, los cobros fluctuaban entre $ 100 y $ 500. La cifra dependía del tipo de licencia y de los requisitos que debían omitirse o modificarse para concretar el trámite.La investigación también identifica un cobro de $ 70 para aprobar exámenes teóricos que los usuarios no habían superado de manera regular.Además, una conversación interceptada atribuye a alias Toño un valor de $ 95 para renovar licencias.Para actualizar licencias profesionales, la tarifa llegaba a $ 250, mientras que los trámites para personas catalogadas como “exoneradas” tenían un costo de $ 40, según el expediente.Revisiones vehiculares y otros documentos también tenían precioLa presunta estructura no solo intervenía en licencias. Las revisiones técnicas vehiculares (RTV) también formaban parte del esquema investigado.El expediente señala que las revisiones para motocicletas costaban entre $ 30 y $ 60, mientras que para vehículos livianos los valores oscilaban entre $ 40 y $ 70. En algunos casos se mencionan revisiones básicas por montos de $ 20 a $ 25.PublicidadLa documentación judicial también describe otros cobros presuntamente ilegales. El borrado de multas alcanzaba los $ 273, mientras que certificados cuyo valor oficial era de apenas $ 2 se ofrecían entre $ 20 y $ 22.El levantamiento de gravámenes pasaba de $ 60 a $ 120, mientras que los denominados títulos habilitantes registraban los montos más elevados, con cobros de entre $ 600 y $ 1.000.Asimismo, las llamadas cartas de venta se comercializaban por $ 45 cada una, generalmente en paquetes de al menos diez documentos.De acuerdo con la investigación, estos ingresos permitían recaudar hasta $ 1.000 diarios y alrededor de $ 5.000 semanales durante los periodos de mayor actividad.¿Quién es Ángela Plúa? La alcaldesa de Jipijapa detenida en el operativo Digitador en Manabí¿Qué significaban ‘gallos’, ‘pollitos’ y ‘granjas’?Uno de los elementos que más llaman la atención dentro del expediente es el uso de un lenguaje codificado para evitar que las conversaciones revelaran directamente la actividad investigada.Las interceptaciones telefónicas entre Marco M., identificado como alias Abogado, y José F., alias Inge, muestran que ambos acordaban hablar “en clave” antes de discutir los trámites.Según la investigación, la palabra “gallos” hacía referencia al proceso general de culminación de los trámites ilegales.En cambio, los “pollitos” o “pollos” representaban cada trámite individual que debía procesarse dentro del sistema.Por su parte, las “granjas” correspondían a las agencias de tránsito o dependencias donde se ejecutaban las gestiones.Las conversaciones revelan cómo negociaban los valoresEn una llamada del 27 de abril de 2026, alias Abogado y alias Inge discutieron el precio que debían cobrar por cada “pollito”.De acuerdo con la transcripción incluida en el expediente, analizaron cobrar $ 10 por trámite cuando el costo habitual era de $ 15 e incluso plantearon aumentar el valor a $ 20 si el cliente aceptaba el precio sin objeciones.Durante esa misma conversación mencionaron que existían 42 “pollos” pendientes de procesar y señalaron que no debían desaprovechar esa oportunidad porque representaba dinero para repartir entre los integrantes de la organización.Para la Fiscalía, el uso de estas expresiones demuestra un intento por ocultar el verdadero contenido de las conversaciones y dificultar el seguimiento de las operaciones.La situación de la alcaldesa de JipijapaDentro del proceso, la Fiscalía identifica a Ángela Esperanza Plúa Santillán con los alias Jefa, la Doctora y la Número Uno.Según la hipótesis fiscal, ella habría ejercido funciones de dirección dentro de la estructura y sería una de las presuntas destinatarias de parte de los recursos obtenidos mediante los cobros ilegales.Las interceptaciones también mencionan supuestas entregas semanales de entre $ 1.000 y $ 2.000 y una conversación en la que se hace referencia a una presunta solicitud de $ 40.000 para otorgar determinados permisos.El expediente además sostiene que la entonces alcaldesa conocía el funcionamiento de la red y mantenía control sobre quienes participaban en los trámites, mientras que seguimientos policiales la ubicaron junto con uno de los investigados durante el desarrollo de las pesquisas.Édison Quimís queda a cargo del Municipio de Jipijapa por prisión preventiva contra la alcaldesa Ángela PlúaDurante la audiencia de formulación de cargos, su defensa argumentó que padece un aneurisma de aorta y que debía cuidar a su madre. Sin embargo, el juez dispuso prisión preventiva al considerar que existía riesgo de interferencia en la investigación debido a su cargo y a la posibilidad de influir sobre otros procesados o testigos.La investigación continúa en etapa de instrucción fiscal, mientras las autoridades analizan las interceptaciones telefónicas, los seguimientos y la documentación incorporada al expediente para determinar el alcance de la presunta estructura que habría operado en organismos de tránsito de Manabí. (I)