La Fiscalía ha pedido la absolución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y la de los otros dos acusados, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, al entender que no han cometido ningún delito. "Los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal. Sin delito no hay autor", sostiene el fiscal José Manuel San Baldomero en su escrito de conclusiones definitivas, al que ha tenido acceso Público.PublicidadEl representante del Ministerio Fiscal llega a esta conclusión tras hacer un extenso análisis de la actividad de los tres acusados, que no tuvo ánimo de lucro. "Ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas", remacha el fiscal.El pasado 20 de junio, el juez Juan Carlos Peinado envió a un juicio con jurado a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos. También, envió a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.Para el caso de Begoña Gómez y de Cristina Álvarez, fijó también como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado. Pero esta decisión, que ha recurrido la Fiscalía, no solo fue polémica por las medidas adoptadas en sí, sino por sus argumentos para sostenerlas, ya que sugirió que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían colaborar en una hipotética fuga de la esposa del presidente del Gobierno.Más allá de impugnar dichas medidas, el fiscal ha interesado la libre absolución de los acusados. En primer lugar, recuerda que Begoña Gómez ya había desempeñado actividad laboral en el sector privado de marketing y consultoría y también había estado vinculada a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) antes de que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno. Publicidad"También estuvo vinculada a la UCM a través de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, de la que fue co-directora, y que se desarrolló hasta el año 2024, siendo esta una actividad no retribuida, por la que percibió 0 euros", apunta el escrito.Sobre su asistente, cuyo nombramiento "siguió los cauces legalmente previstos", el fiscal señala que continúa en el mismo puesto de trabajo en la actualidad, "desempeñándolo ininterrumpidamente desde su designación en 2018, habiendo cumplido las funciones inherentes a su cargo y aquellas que le han sido encomendadas en su condición de funcionario eventual, que, por otro lado, haya existido en la actividad adicional de ayuda que ha podido ocasionalmente realizar para Begoña Gómez, ningún tipo menoscabo o detrimento para el patrimonio y recursos públicos; y a inversa, tampoco se ha producido ningún tipo de retribución o beneficio adicional derivado de ello".En cuanto a Barrabés, la Fiscalía subraya que colaboró y participó en un módulo de las actividades docentes del Máster de Transformación Social Competitiva que dirigía la esposa del presidente, así como también facilitó la participación de otros profesionales de su grupo empresarial en dicho Máster, "recibiendo todos ellos la contraprestación reglada por la UCM por hora de docencia, siguiendo el cauce establecido por la UCM, a través de la cual se realizaron los pagos". En todo caso, sostiene que el empresario "no ha colaborado en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM ni ha sido patrocinador ni ha financiado ninguna actividad de la misma".PublicidadSobre la formación necesaria para ostentar la condición de licenciado, diplomado, funcionario, o catedrático para la promoción, participación o la dirección de las citadas cátedras extraordinarias, como es el caso que se pretende llevar a juicio, la Fiscalía sostiene que no es necesario que Begoña Gómez tuviera el título de licenciada para codirigir una cátedra extraordinaria: "No es preciso título universitario o profesional de ningún tipo, y no es en ningún caso, una actividad remunerada"."Ni Begoña Gómez ni Cristina Álvarez ni Juan Carlos Barrabés obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para su promoción o patrocinios", zanja la Fiscalía.