El Gobierno ha identificado este año 111.000 pisos turísticos ilegales anunciados en plataformas online, pero el dato real podría ser muy superior. La gran mayoría de ellos se sitúan en Madrid, Catalunya, País Valencià y Andalucía. Los residentes que conviven con ellos en sus bloques se enfrentan a ruido, inseguridad y el malestar que genera cambiar de "vecinos" cada pocos días. Por eso, en localidades como Madrid o València se están organizando para identificar y denunciar estos apartamentos ilegales.PublicidadEl caso más reciente es el de la Federación Vecinal de València (FAAVV), que este mes de junio ha comenzado a realizar un mapeo con el que dimensionar el número de apartamentos sin licencia que operan en la ciudad. El 13 de junio organizaron una formación para dar comienzo a este rastreo, calle a calle. Según explican, el objetivo último de esta iniciativa es "interpelar a la administración y velar por que se cumpla con la regulación".De acuerdo a la nueva normativa valenciana, estas viviendas de uso temporal tienen que tener acceso independiente y no pueden superar el 2% por barrio. Además, la Ley de Propiedad Horizontal obliga a que cada portal apruebe su implantación con una mayoría de tres quintos. Sin embargo, desde esta federación aseguran que no se está cumpliendo la normativa y que se siguen "ocupando bajos, patios interiores o elementos comunes, además de realizarse obras que no cuentan con autorización de los residentes"."Nuestra tesis es que un apartamento cerrado es una casa más. Ya están construidas, ya existen. Solo queremos que el Ayuntamiento presione para que vuelvan al mercado de la vivienda permanente"El proyecto que acaban de poner en marcha no es novedoso, hace ya tiempo que diferentes colectivos realizan estos controles por su propia cuenta. Ahora han desarrollado nuevos métodos y estándares compatibles que les permitirán tener una visión global de la situación. "Si tú miras en los registros municipales, solamente hay en torno a unos 2.100 apartamentos legales registrados, en cambio, en Airbnb se anuncian 8.000", subraya Antonio, miembro de la FAAVV. "Nuestra tesis es que un apartamento cerrado es una casa más. Ya están construidas, ya existen. Solo queremos que el Ayuntamiento presione para que vuelvan al mercado de la vivienda permanente", añade.Los vecinos de Madrid también llevan varios años "a la caza" de alojamientos ilegales. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) facilita recursos y formación a los residentes afectados para que inicien estos trámites de denuncia administrativa. Además de estos trabajos, que desarrollan desde la plataforma Stop Vivienda de Uso Turístico, realizan estudios de campo para acabar con el vacío informativo que rodea a este fenómeno.PublicidadSegún cálculos de esta asociación, el 90% de estos pisos en la capital no cuenta con una licencia en vigor. "En la ciudad de Madrid, independientemente de los datos de cojas, ya sea del Ayuntamiento o de Inside Airbnb, etcétera, el porcentaje siempre supera ese 90%, creo que esto ayuda a entender el fenómeno", asegura Enrique Villalobos, portavoz de Vivienda y Urbanismo de la federación.A pesar del empeño de estos colectivos y del endurecimiento de la normativa, en muchos casos las herramientas legales no son suficientes para poner coto a esta práctica. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, se han reunido recientemente con representantes de la FRAVM y con propietarios de Prado 16, un edificio del centro de Madrid que prohibió los pisos turísticos el año pasado, pero aún no ha conseguido cerrar los dos que operan en su rellano.Este mismo martes 7 de julio, la ministra ha vuelto a reunirse con representantes de la federación madrileña. "Hemos tratado distintos temas a parte de este. También se ha hablado de los cambios que se pretenden hacer en el alquiler de temporada o de las modificaciones en relación con la rehabilitación de las casas para que no tengan fiscalidad", cuenta el portavoz. PublicidadLa regulación del alquiler de temporada es una de las principales reivindicaciones de esta agrupación. Recuerdan que este negocio está afectando a la oferta de alquiler permanente y tiene consecuencias en los precios de las rentas. Además, lo relacionan con mayores tasas de conflictividad e inseguridad vecinal. Según sus últimas investigaciones, Madrid acumula más de 15.000 "puntos negros" en materia de seguridad ciudadana en sus bloques residenciales. Mientras que en el sector hotelero la Ley de Seguridad Ciudadana obliga a registrar la identidad de los huéspedes, de estos alojamientos entra y sale cualquiera que cuente con el código de acceso."La gente vive en condiciones de inseguridad, de deterioro de elementos comunes y de toda una serie de problemas serios de los que se tienen que defender", sostiene Villalobos. En el caso del bloque de Prado 16, tomaron la decisión de vetar este tipo de arrendamientos tras propagarse por todo el bloque un aparatoso incendio originado en una de estas casas. Piden más inspeccionesAmbos representantes vecinales creen que se han conseguido cambios normativos importantes gracias a la presión vecinal. Aun así, hablan de falta de recursos y, más concretamente, de inspectores. "Somos nosotros los que estamos realizando el trabajo que corresponde a las administraciones, pero, si no lo hacen ellos, alguien lo tendrá que hacer", deja claro Villalobos. Junto a esta cuestión, el responsable de vivienda de la FRAVM señala una "excesiva burocracia" para denunciar, "lentitud administrativa" y sanciones "leves". "Les sale rentable delinquir. En Madrid, en pleno Orgullo, pueden embolsarse fácilmente 600 euros por noche", añade.A estas mismas conclusiones llega el abogado del Centro de Asesoramiento y Estudios Sociales (CAES), Víctor Palomo. Bajo su punto de vista, el problema principal es la ausencia de inspectores en relación a la magnitud de la oferta de pisos que existen en zonas como Madrid o Valencia. En el caso de Barcelona, apunta, sí se han desarrollado mecanismos más efectivos para rastrear y denunciar estas irregularidades. "No basta con ampliar las sanciones, esto ya se ha hecho. El gran problema que nos encontramos es que hay que pillar al infractor in situ. Un inspector tiene que cerciorarse de que se comente una actividad ilegal y abrir acta", detalla.El alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha pronunciado recientemente sobre el control de los pisos turísticos. Durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, a principios de junio, resaltó que la capital "ha conseguido reducir en un 40% el número de estos alojamientos". El porcentaje hace mención a los últimos registros del INE, realizados a partir de datos de las principales plataformas online. De acuerdo a esta estadística, Madrid ha pasado de 22.435 pisos turísticos en agosto de 2024 a 13.431 en mayo de 2026.La FRAVM pone en duda este anuncio argumentando que las estadísticas oficiales "no reflejan la magnitud de la ilegalidad". Desde la federación consideran que, para que el INE pudiera disponer de estadísticas reales, sería necesario que "las comunidades autónomas contaran con un registro público obligatorio y compartieran de forma efectiva y transparente esa organización". El pasado 2 de julio, tras reunirse con la ministra de vivienda, Jorge Nacarino, presidente de esta organización, defendió que, si se hubieran retirado del mercado esas casi 10.000 viviendas, "la oferta residencial habría aumentado, algo que no ha sucedido".