ComentariosEl informe “Por un Chile sin economía ilícita”, que recientemente ha dado a conocer la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), resulta especialmente ilustrativo no solo para graficar el tamaño y penetración que han alcanzado este tipo de actividades en el país, sino que al ofrecer una detallada caracterización de dichas actividades, detectar falencias concretas en el marco regulatorio y proponer un conjunto de propuestas para eliminar estos ilícitos permite dimensionar de manera integral la amenaza que enfrenta el país y la urgencia de actuar prontamente, un tema que en general suele estar ausente en la discusión pública, pero que este informe permite volver a relevar. Desde luego, es valioso que el informe, pese a las dificultades para sistematizar información de distintos rubros, haya hecho un esfuerzo para intentar cuantificar el tamaño de esta economía ilícita en el país así como la pérdida de recaudación que ello implica. Así, se estima que la cantidad de recursos que estas economías ilícitas movilizan en el país asciende a unos US$ 5.700 millones, lo que representa alrededor de 1,5% del PIB nacional. A su vez, se estima que la pérdida por concepto de recaudación supera los US$ 1.500 millones por año. A ello hay que agregar que estas actividades fuera de la ley y que operan en distintos rubros de la economía generan fuertes impactos no cuantificados aquí, como empresas formales que ven reducidas sus ventas, o que sencillamente se ven obligadas a cerrar, con la consecuente pérdida en materia de empleo. Es fácil darse cuenta que por su magnitud son equivalentes a sectores económicos, pero el agravante es que hay una estrecha relación entre dichas actividades y el crimen organizado, pues este comercio ilícito es el resultado de estructuras creadas para hacerlo posible y a través del cual estos grupos obtienen su financiamiento. Ciertamente que para poder montar toda esta sofisticada cadena de producción y distribución no solo se requiere contar con importantes capacidades logísticas, sino además se hace necesario recurrir a la extorsión o la corrupción masiva de funcionarios públicos. Por supuesto que todo ello se va favorecido con vacíos regulatorios, la insuficiente fiscalización por parte del Estado o sanciones débiles o escasamente efectivas.La evidencia recogida en este estudio vuelve a plantear la necesidad de que el Ministerio Público y las policías cuenten con mayores capacidades que las actuales, así como la importancia de reforzar a la Unidad de Análisis Financiero, cuyo rol es clave para poder desbaratar el uso del sistema financiero para movilizar o blanquear capitales ilícitos. El informe propone más de 40 medidas, partiendo por el desarrollo de una política nacional contra las economías ilícitas, mayor control fronterizo, persecución penal especializada, protección al comercio establecido o mayor control de la trazabilidad, así como medidas que desincentiven la industria financiera informal, como sería la eliminación de la tasa máxima convencional, entre muchas otras. Es claro que la economía ilícita debería ser una agenda que los ministerios de Seguridad, Hacienda y Economía deberían abordar con especial intensidad, por el enorme impacto que tiene para el país.Más sobre:ilícitoscomercio informalCPC