Durante el gobierno de Javier Milei, distintos organismos de derechos humanos y de monitoreo de la violencia institucional registraron un aumento de episodios vinculados al accionar de las fuerzas de seguridad. Esta nota analiza tres dimensiones de ese fenómeno: la represión de la protesta social, los casos de gatillo fácil y las situaciones de violencia dentro de los lugares de encierro. Son escenarios distintos, ocurridos en provincias diferentes, protagonizados por fuerzas de seguridad diversas y separados por miles de kilómetros. Sin embargo, todos comparten un elemento común: la expansión del recurso represivo como forma de intervención estatal. La acumulación de estos registros y casos permite sostener una conclusión: con Milei la represión avanza. ¿Por qué? En el gobierno la represión es: 1) un método de construcción de poder. La disuasión de la movilización popular como fuerza opositora mediante la violencia y la persecución, genera un gobierno más fuerte. Además, el recrudecimiento de la hostilidad policial en los barrios populares funciona como represión preventiva hacia los sectores más desfavorecidos por la política oficial y quienes encabezaron actos insurreccionales en el 2001. 2) Un método de narrativa político electoral en el que la "fuerza" del Estado es exhibida como activa frente a los problemas de inseguridad estructurales en el país y frente a los cuales, la explicación progresista de ampliación de derechos no logra contener, al menos para buena parte de la sociedad. En ese sentido, la saña contra sectores de la sociedad percibidos como peligrosos suele tener el visto bueno de la base social del Gobierno. Contra la protesta social Según el monitoreo de la Comisión Provincial por la Memoria, desde la implementación del Protocolo Antipiquetes y durante los dos primeros años del gobierno de Javier Milei se monitorearon 139 manifestaciones públicas, de las cuales 51 terminaron con hechos represivos, es decir, más de una de cada tres. En ese período el organismo registró 2.585 personas heridas y 258 detenidas durante operativos de las fuerzas de seguridad. Si se toma el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 30 de noviembre de 2025, las cifras equivalen a un promedio de 3 personas heridas por día en una manifestación, es decir, una cada seis horas y cuarenta minutos, y una persona detenida cada tres días en el mismo contexto. Además, la Comisión Provincial por la Memoria sostiene que en cerca del 70% de las manifestaciones monitoreadas se realizaron tareas de filmación e identificación de manifestantes por parte de personal uniformado o de civil, prácticas que el organismo considera incompatibles con la Ley de Inteligencia Nacional por constituir tareas de inteligencia sobre la protesta social.