NoticiaEl ente acusador llamó al oficial en retiró por supuesto acoso sexual a funcionarias del Ejército.El general (r) Eduardo Zapateiro. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPOSUBEDITOR DE JUSTICA08.07.2026 16:13 Actualizado: 08.07.2026 16:13
La defensa del general (r) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda solicitó a la Fiscalía una nueva evaluación del proceso penal que se adelanta en su contra por el presunto delito de acoso sexual. En un memorial de 29 páginas radicado este 8 de julio, el abogado Jhonny Mercado González pidió que, antes de presentar un eventual escrito de acusación, el ente investigador incorpore nuevas pruebas, reexamine el expediente y considere promover la preclusión de la actuación.La decisión de llamar al oficial a responder en los estrados judiciales se conoció a finales de abril, cuando desde el ente acusador trascendió que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ya radicó la solicitud de audiencia de imputación. La diligencia se realizará ante el Tribunal Superior de Bogotá, que ejercerá funciones de control de garantías para escuchar los cargos que tiene el fiscal en contra del alto oficial, quien fue comandante del Ejército en el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez.Según la defensa, el proceso ya no puede analizarse con el mismo panorama probatorio que existía cuando se formuló la imputación. En el documento sostiene que durante la investigación aparecieron elementos de convicción que, a su juicio, modifican de manera sustancial la hipótesis presentada inicialmente por la Fiscalía y obligan a revisar si aún existe una probabilidad real de obtener una sentencia condenatoria.El general Zapateiro pidió mantener unido al Ejército. Foto:Sergio Acero/EL TIEMPO.“La imputación constituye un acto procesal válidamente realizado”, dice el abogado en el escrito. Sin embargo, advierte que “el análisis que ahora corresponde es totalmente diferente”, pues la decisión de acusar debe sustentarse en un estándar probatorio más exigente y en una valoración actualizada del expediente.Uno de los principales argumentos de la defensa es que la investigación incorporó prueba sobreviniente que, según afirma, debilita aspectos centrales de la teoría del caso. Entre los documentos anexados figura una certificación expedida por la Escuela Superior de Guerra en la que se indica que Zapateiro no asistió a la denominada “Cátedra Colombia”, realizada el 16 de julio de 2021, evento que, de acuerdo con la defensa, había sido mencionado dentro de la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía.El memorial también incorpora declaraciones juramentadas de oficiales en retiro y en servicio, quienes aseguran "no haber recibido instrucciones" del entonces comandante del Ejército para influir en procesos de selección, evaluaciones psicológicas o decisiones administrativas relacionadas con una de las denunciantes. Para la defensa, esos testimonios respaldan la tesis de que no existió un uso indebido de la autoridad para presionar o afectar la situación laboral de las presuntas víctimas.Otro de los puntos que plantea el documento se refiere a la evidencia digital. El abogado sostiene que la investigación carece de estudios de informática forense que permitan establecer con certeza la autenticidad, integridad y autoría de los mensajes de WhatsApp que hacen parte del expediente. En ese sentido, afirma que la Fiscalía no ha acreditado técnicamente que las comunicaciones atribuidas al oficial retirado hayan sido enviadas directamente por él.El abogado Jhonny Mercado González. Foto:CortesíaLa defensa también hace referencia a un auto inhibitorio emitido dentro de una actuación disciplinaria relacionada con una de las denunciantes. Aunque reconoce que las decisiones disciplinarias y penales son autónomas, sostiene que ese antecedente oficial debe ser valorado por la Fiscalía como parte del contexto probatorio antes de adoptar una decisión definitiva sobre la acusación.En el escrito, Mercado insiste en que el deber constitucional de objetividad obliga al ente acusador a valorar tanto los elementos de cargo como aquellos que favorezcan al investigado. “La investigación penal constitucionalmente legítima permanece abierta a la posibilidad de corregirse”, señala el memorial, al sostener que la Fiscalía debe verificar permanentemente si la hipótesis inicial conserva respaldo suficiente con base en las pruebas actualmente disponibles.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
