Begoña Gómez, a quien el juez Juan Carlos Peinado le retiró su pasaporte como medida cautelar en la causa contra ella, recibió esta semana autorización para viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija. Sin embargo, no obtuvo el mismo permiso para acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN, que se celebra en Ankara (Turquía).PublicidadLa decisión sobre la petición realizada por la esposa del presidente del Gobierno recayó sobre el titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, Antonio Viejo, el instructor del caso contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El motivo es que Juan Carlos Peinado se fue de vacaciones sin adoptar ninguna decisión al respecto, y el magistrado natural que le sustituye también se encontraba de descanso. Así que le tocó adoptar la resolución a Viejo.Pero Antonio Viejo ha pasado de una polémica a otra. Y es que, más allá de oponerse a que la esposa del presidente del Gobierno viajara a Turquía, el instructor también ha recibido las críticas por la instrucción del caso del presunto soborno del novio de Ayuso al directivo del Grupo Quirón Fernando Camino. Los reproches han llegado desde la UCO, la Fiscalía y la acusación popular que ejercen el PSOE y Más Madrid.Por un lado, los investigadores de la Benemérita reclamaron recientemente al juez poder tener acceso a las cuentas bancarias de Alberto González Amador, así como a las del director general de Quirón Prevención, Fernando Camino y de su esposa, Gloria Carrasco. Cabe recordar que el instructor, que tardó seis meses en autorizar a la UCO a requerir a las cuentas bancarias de los investigados, rechazó pedir por el momento la información tributaria y de Seguridad Social. Publicidad"Aun cuando se trate de una mera posibilidad, no cabe descartar que del análisis de la información requerida a las entidades bancarias pudiera ya obtenerse un conocimiento suficiente a los fines indagatorios de este proceso. En modo alguno, la decisión de la que interesa complemento, conduce a excluir que la investigación, a medida que vaya avanzando, conduzca a instar la información que obre en la AEAT y en la TGSS sobre los investigados", señaló Antonio Viejo en un auto aclaratorio del pasado 26 de junio.Frente a esta decisión, la UCO expuso al titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid la necesidad de contar con esa información tributaria. Los investigadores entienden que, para llevar a cabo un análisis de la operativa económica, "se considera indispensable contar con ambas vertientes de una misma información: bancaria y tributaria". Y es que, se trata de informaciones "complementarias", cuyo análisis debe efectuarse de forma conjunta, en tanto en cuanto es "relevante observar las similitudes" y, sobre todo, "las diferencias que puedan observarse y que se puedan determinar las cuestiones de interés para la causa, la existencia de flujos no declarados o la detección de flujos que no se correspondan con la realidad observada a través de los productos".Publicidad"En definitiva, para tener un enfoque holístico y contextualizado de las diferentes transacciones, se estima fundamental contar con la información que pudiera aportar la AEAT al respecto", remachó la UCO en un oficio del pasado 17 de junio, tal como se extrae del recurso de apelación presentado por la Fiscalía el pasado 29 de junio.La Audiencia de Madrid revisará la negativa del juezLa negativa del juez será analizada por la Audiencia Provincial de Madrid, donde el Ministerio Fiscal ha presentado un recurso de apelación con la finalidad de que "acuerde librar los requerimientos solicitados por la Unidad Central Operativa a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)".En el recurso, al que ha tenido acceso Público, el fiscal Diego Lucas Álvarez discrepa de la decisión del instructor por varias razones. Además de la expuesta por los propios agentes, "cabe observar -desde el prisma de la protección de los derechos constitucionales- que ya se ha autorizado la medida indagatoria más invasiva de la intimidad económica de los investigados (el examen de sus movimientos bancarios en España) pero no las otras dos (el examen de su información tributaria y de Seguridad Social), que son mucho menos invasivas, sin que se alcance a entender el motivo, cuando además la información que se solicita ya está en manos del Estado".Por otro lado, la Fiscalía explica que diferir a un momento posterior el requerimiento de esta información "necesaria" genera "un perjuicio al interés público y a los investigados, dado que alarga innecesariamente la duración de la instrucción del procedimiento".La acusación popular también ha respaldado este recurso. En un escrito, al que ha tenido acceso medio, PSOE y Más Madrid exponen que limitar la investigación a movimientos y saldos bancarios sin acordar simultáneamente la obtención de información tributaria y de la Seguridad Social provoca una "quiebra de coherencia metodológica en una investigación patrimonial compleja". Para esta formaciones, el rechazo del juez a pedir estos datos expone a la instrucción a "lagunas probatorias evitables y a una reconstrucción incompleta".Instrucción "paralizada"Por último, la acción popular afea que la instrucción se encuentra "prácticamente paralizada desde hace ya un año, no proveyéndose los escritos de diligencias de la acusación ni tampoco de impulso procesal, siendo la resolución que se recurre la única actuación con entidad material que se ha practicado desde el mes de junio de 2025".En esta línea, recuerdan que en un año solo se ha dictado un auto prorrogando la instrucción, se ha acordado paralizar las actuaciones inspectoras de la AEAT respecto del directivo de Quirón y se ha tramitado un recurso de apelación, "no acordándose ninguna diligencia de investigación pese a haberse solicitado por esta parte varias en distintos escritos, lo que de facto supone no investigar los hechos objeto de la instrucción". PublicidadEn este sentido, subrayan que el hecho de que por la UCO se tenga que realizar ese informe "no es incompatible con que se siga avanzando en la investigación, con diligencias como declaraciones de otras personas implicadas determinadas por esta parte y en el oficio de la UCO, por ejemplo".