El Plan de Recuperación está en su recta final y el Gobierno negocia con Bruselas agilizar la liberación del último pago que tiene pendiente. Así lo ha asegurado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este miércoles en el Congreso. “Estamos trabajando de manera estrecha con la Comisión [Europea] para una adenda técnica de cierre del Plan de Recuperación”, ha asegurado el vicepresidente primero del Ejecutivo. Este cambio va dirigido a simplificar la “labor de verificación” y certificación de los hitos comprometidos. “Pero sin perder ambición”, ha matizado Cuerpo en una comparecencia en la Comisión Mixta para la Unión Europea. España tiene pendiente solicitar el séptimo y último pago del Plan de Recuperación, uno de los más cuantiosos: alrededor de 25.000 millones de euros, 21.000 millones de los cuales se corresponden con subvenciones y 5.600, con préstamos. Pero las hojas del calendario van cayendo y quedan pocas semanas para que el mecanismo se agote. El plazo para implementar las reformas e inversiones comprometidas finaliza el próximo 31 de agosto, y las capitales europeas tienen hasta el 30 de septiembre para solicitar el dinero asociado a ellas.Las modificaciones que está negociando ahora el Gobierno no tienen el alcance de los cambios acordados el pasado diciembre, según ha detallado Cuerpo. La adenda de simplificación aprobada entonces supuso una rebaja en la ambición de la agenda reformista asociada al plan y la renuncia al 75% de los créditos que España tenía concedidos. La decisión, tomada en un contexto de fuerte fragmentación política que dificultaba la articulación de mayorías para el Gobierno —una situación que no ha cambiado—, fue impulsada también por la mejora en el coste de endeudamiento del Estado, equiparable al europeo, por lo que se justifició la renuncia a la mayor parte de los préstamos. Cuerpo ha explicado que la adenda que se negocia ahora, de carácter técnico, se trata de un “esfuerzo” para acercar toda la información que tiene la Administración “sobre el cumplimiento y la certificación” de los hitos “a la capacidad que tiene la Comisión de valorar” esos aspectos, tanto a nivel de Estado como de municipios y comunidades. Pero ha recalcado que se hará sin rebajar el impulso del plan. “De hecho, una de las condiciones de la Comisión Europea para aprobarla es que no se pierda ambición en el conjunto del Plan de Recuperación en las líneas que se ven reformadas”, ha añadido. Otros países, como Italia, se están moviendo en la misma dirección para agilizar la concesión de ayudas en la recta final de un mecanismo complicado de digerir por su tamaño sin precedentes. La misma Comisión Europea flexibilizó en varias ocasiones los requisitos exigidos a los Estados miembros para dar por cumplidos los compromisos adquiridos.Cuerpo ha comparecido este miércoles ante los diputados a petición propia para informar sobre el grado de implementación del plan de recuperación. “Estamos, y así lo evidencian los datos (...), ante un proyecto de país que ha supuesto una oportunidad histórica que creo, sinceramente, que hemos sabido aprovechar”, ha afirmado tras sacar pecho de los buenos datos de la economía española y la ejecución de las ayudas, con una tasa de resolución superior al 70% a finales de mayo, según los datos del Gobierno. La semana pasada, Bruselas desbloqueó el sexto y penúltimo pago de los fondos europeos para España —5.668 millones en subvenciones y 1.051 millones en préstamos—, aunque retuvo 537 millones en transferencias al considerar que Madrid no cumplió con todos los objetivos a los que se había comprometido para liberar el tramo. Una vez el Consejo de la UE dé el visto bueno definitivo a este desembolso, España habrá recibido unos 61.000 millones de euros en subvenciones y más de 17.000 millones en créditos del plan de recuperación.España CreceCuerpo también ha detallado la hoja de ruta del Ejecutivo para avanzar en la puesta en marcha de España Crece, el fondo que el Gobierno ha impulsado para mantener el impulso de las inversiones del plan de recuperación una vez este finalice, y que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El Gobierno, según ha explicado Cuerpo, está negociando con la Comisión la estrategia de inversión del futuro instrumento e iniciará este mes la tramitación de los nuevos estatutos del ICO para adaptarlo a las necesidades de su nuevo mandato. Asimismo, realizará el informe de progresos que exige Bruselas como parte de los hitos del séptimo desembolso del plan de recuperación, y llevarán a cabo este julio la transferencia de los fondos necesarios para poner en marcha España Crece. El objetivo es que este pueda movilizar hasta 120.000 millones de euros mediante esquemas de colaboración público-privada.