El Gobierno del ultraderechista Javier Milei está impulsando un proyecto de ley sobre la propiedad privada que ha encendido las alarmas. La Confederación General del Trabajo (CGT), la Iglesia y organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advierten de que facilitará la concentración y la extranjerización de la tierra y abrirá la puerta a desalojos.
Se trata de una pieza clave del diseño desregulador que el Ejecutivo argentino envió al Congreso el pasado 27 de marzo, cuyo debate se fue postergando por falta de votos. El plan del Gobierno es que el proyecto sea tratado en la sesión del 16 de julio. De manera previa, pasará este miércoles por una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria considerada clave, ya que allí se podrían introducir correcciones para sumar respaldos.
Detrás del pomposo nombre de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” se esconde el verdadero corazón de la iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: un desmontaje normativo que apunta directamente a modificar varias leyes en favor del avance de inversores, terratenientes y grandes propietarios.
La Ley de Tierras Rurales, en el centro
