El fiscal general encargado Carlos Alarcón, ante el Tribunal de Juicio del caso Sinohydro de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), aseguró que en los días de audiencia de juicio contra los 21 acusados por el delito de cohecho se ha presentado la prueba “suficiente, pertinente, útil y legalmente obtenida” para acreditar más allá de toda duda razonable cada una de las 28 premisas fácticas propuestas, las cuales destruirían la presunción de inocencia de los procesados penalmente.En el día 29 de la diligencia de juzgamiento, la mañana de este miércoles, 8 de julio, Alarcón dio inició a la presentación de sus alegatos de cierre o clausura. Él explicó que la Fiscalía, a través de la etapa probatoria finalizada, ha demostrado con absoluta objetividad y ha presentado una suficiente carga probatoria que les servirá a los jueces nacionales Manuel Cabrera (ponente), Daniella Camacho y Julio Inga, para imputar el delito de cohecho a todos los ahora procesados, quienes dijo, con conocimiento del ámbito en el que se desenvolvían, han desviado la correcta administración pública utilizando fondos de todos los ecuatorianos, simplemente para obtener un beneficio económico indebido. PublicidadEn esta causa penal se procesa una trama de sobornos que habría ocurrido entre los años 2010 y 2018, en la contratación de la empresa pública china Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. El fiscal general encargado Carlos Alarcón ha asegurado que en esta causa la empresa Sinohydro entregó a modo de sobornos más de $ 76 millones para que el contrato de construcción de la megaobra quedara en manos de la empresa pública china.Como autores directos del delito de cohecho fueron acusadas siete personas, entre ellas, el exvicepresidente de República Lenín Moreno y su amigo personal, el empresario Conto Patiño; mientras que otros catorce procesos fueron ubicados como cómplices, lista en la que estaban familiares de Moreno y Patiño y abogados en libre ejercicio como Eduardo Carmigniani y Carlos Almeida.La Fiscalía explicó que en estas semanas de audiencia de juzgamiento había detallado un acervo probatorio compuesto por testimonios, pericias y documentos provenientes de instituciones nacionales y extranjeras, comparecieron testigos y peritos especialistas en torno a los hechos investigados, se expusieron asistencias penales internacionales, se presentó información de registros bancarios, información societaria, información tributaria, informes periciales financieros y contables informáticos, documentológicos, así como 100 documentos oficiales que habrían permitido reconstruir y corroborar de manera objetiva los hechos materia de esta acusación pública. PublicidadPublicidad“La verdad no surge del análisis aislado de un solo documento, declaración o pericia. Se construye a partir de la convergencia armónica de todos los medios de prueba que fueron presentados. Los documentos oficiales fueron corroborados por la información obtenida mediante asistencias penales internacionales y ratificados por los peritos, quienes sustentaron sus informes a través de sus testimonios. Los registros bancarios fueron explicados en la documentación societaria y tributaria presentada, como también las pericias financieras e informáticas permitieron seguir el recorrido del dinero, (...), y los testimonios rendidos en audiencia confirmaron el contexto y la finalidad de cada uno de esos actos”, indicó Alarcón.El fiscal general encargado apuntó que toda la prueba expuesta de su parte fue producida con observancia de las normas legales, así como también refirió que se han respetado los principios de oportunidad, contradicción, pertinencia, inmediación e igualdad de armas, y que cada sujeto procesal tuvo la oportunidad de contradecir, objetar y someter al debate propio del juicio oral cada uno de los elementos de cargo que presentó la Fiscalía.A decir del fiscal Carlos Alarcón, la valoración conjunta de toda esta evidencia, hoy traducida a prueba, conduce a una única conclusión fáctica posible: que detrás del proceso de contratación pública del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair no existió únicamente la ejecución de un contrato de obra pública para favorecer a los ecuatorianos con la generación de energía, sino que fue la “oportunidad indebida” para la implementación de una “concurrencia delictiva realizada por todos los procesados con la finalidad de corromper el correcto ejercicio de la Función Pública para asegurar la adjudicación, el financiamiento y la ejecución de esta megaobra (...) en su beneficio indebido”.Para la Fiscalía, mediante la prueba practicada en la audiencia, se demostró que la empresa estatal China Sinohydro Corporation entregó beneficios económicos indebidos para obtener y mantener el contrato para la construcción de la mega obra hidroeléctrica ecuatoriana. “Esos beneficios no podían ser canalizados de manera directa para ocultar su verdadero origen y destino, por lo que se diseñó una compleja estructura con apariencia de legalidad mediante la utilización de sociedades jurídicas nacionales y extranjeras, la modificación de sus objetos sociales, la apertura de cuentas bancarias en distintas jurisdicciones, la emisión de facturas por consultorías inexistentes, la utilización de compañías que fueron medios para la dispersión de recursos mediante transferencias internacionales y otros mecanismos financieros hasta llegar esos recursos a quienes resultaron beneficiarios de de este ilícito” insistió el fiscal general encargado. En este caso se procesa con base en el delito de cohecho establecido en el artículo 285 del Código Penal anterior vigente al momento del cometimiento de los hechos y recogido en el artículo 280 del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP).PublicidadAl momento el fiscal Alarcón continúa explicando en qué consiste cada uno de las 28 premisas que habría demostrado con su prueba en la audiencia de juzgamiento del caso Sinohydro. (I)