El proceso de la regularización extraordinaria de inmigrantes está en marcha. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado a favor de este medida, pero ha criticado la forma en que se está llevando a cabo el proceso y ha denunciado que el Gobierno ha trasladado a las empresas la responsabilidad de comprobar la situación administrativa de los empleados.Garamendi ha asegurado que la patronal está "de acuerdo con la regularización y con legalizar una situación que no estaba en orden", aunque ha lamentado que la medida no se haya abordado mediante un pacto social o un acuerdo entre los distintos partidos políticos.
Además, ha reprochado que, tras la finalización de la prórroga de los permisos, las compañías se vean obligadas a contratar trabajadores sin disponer de una confirmación oficial de la situación documental. "La Administración no te dice si esa persona ya tiene los papeles y, si viene la inspección, la responsabilidad es del empresario o la empresaria", ha señalado durante la presentación del informe "Trabajo y Empresa: los nuevos retos laborales en España", elaborado por Foment del Treball y Opina 360.Garamendi ha agregado que debería ser la Administración pública la encargada de informar a las empresas sobre la concesión de las autorizaciones correspondientes.
