NoticiaAsocajas Asegura que medida se adopta en medio de incertidumbre jurídica y advierte que puede profundizar intervención estatal sobre el sistema.Sede de Comfamiliar Atlántico. Foto: ComfamiliarPERIODISTA ECONÓMICO07.07.2026 15:32 Actualizado: 07.07.2026 15:32
La intervención administrativa total de Comfamiliar Atlántico el lunes de la presente semana por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar no solo abrió un nuevo capítulo para esa caja de compensación, sino que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el alcance de las facultades del organismo de control y las garantías jurídicas que deben rodear este tipo de decisiones.Ese fue el mensaje que lanzó este martes Asocajas, el gremio que reúne a las cajas de compensación familiar del país, al advertir que la medida "genera preocupación" porque, a su juicio, se adopta en un momento en el que la propia Corte Constitucional declaró inexequibles las normas que regulan las intervenciones administrativas, aunque mantuvo temporalmente sus efectos hasta junio de 2027 para que el Congreso expida una nueva regulación. LEA TAMBIÉN "La preocupación se incrementa cuando se adopta la medida más intensa prevista en el ordenamiento", señaló el gremio, al insistir en que una intervención total implica remover de manera inmediata a los órganos de dirección, administración y control de la caja para reemplazarlos por un agente especial designado por la Superintendencia.En ese contexto, Asocajas sostuvo que las autoridades deberían explicar por qué optaron por la intervención total y no por mecanismos graduales de vigilancia o corrección, teniendo en cuenta los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad señalados por la Corte Constitucional. También afirmó que el derecho de defensa debe garantizarse específicamente frente a una decisión de esa magnitud y no limitarse a las actuaciones ordinarias de inspección y vigilancia.Comfamiliar Foto:CortesíaEl gremio recordó, además, que después de la sentencia constitucional, los tribunales revocaron las intervenciones de Comfanorte y Comfamiliar Risaralda por encontrar vulneraciones al debido proceso, antecedentes que, según indicó, deberían ser considerados en actuaciones similares.Otro de los aspectos que inquieta a la organización es el impacto que estas decisiones pueden tener sobre el modelo de gobernanza del sistema de subsidio familiar. Según Asocajas, con la intervención de Comfamiliar Atlántico ya son diez las cajas administradas por agentes especiales de la Superintendencia, varias de estas bajo medidas prorrogadas durante años, lo que, en su concepto, modifica de manera prolongada el esquema de administración paritaria en el que participan representantes de empresarios y trabajadores.Por esa razón, el gremio solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación durante el proceso, con el propósito de verificar que se respeten la legalidad, el debido proceso y los derechos de las partes involucradas. LEA TAMBIÉN Asocajas aclaró, sin embargo, que respalda las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar, pero insistió en que esas facultades deben ejercerse dentro de un marco jurídico claro que garantice seguridad jurídica, debido proceso y derecho de defensa para las cajas de compensación. Sigue toda la información de Economía en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
