Durante la mañana de este martes, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo una reunión con un grupo transversal de alcaldes, quienes le entregaron un documento con nueve propuestas para fortalecer el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.En el texto, los alcaldes sostienen que el objetivo es fortalecer el sistema de responsabilidad penal adolescente, combinando sanciones más estrictas para los delitos violentos con medidas de prevención, detección temprana y reinserción.En la cita participó la alcaldesa Camila Merino de Vitacura, Claudio Castro de Renca, Sebastián Sichel de Ñuñoa, Christopher White de San bernardo, Carol Bown de San Miguel, Jaime Bellolio de Providencia, Gustavo Toro de San Ramón y Karina Delfino de Quinta Normal. Nueve propuestas En el documento presentado por los alcaldes, se pide endurecer las sanciones por delitos violentos, apuntando que quienes cometan portonazos, encerronas o turbazos, deben cumplir penas en régimen cerrado. A su vez, piden aumentar las sanciones a reincidentes, apuntando a un escalamiento progresivo de las penas. De igual forma, solicitan una reforma al régimen cerrado, rediseñando los centros de internación y creando unidades más pequeñas. En este aspecto, llaman a incorporar equipos interdisciplinarios estables y fortalecer el tratamiento de salud mental y drogas. A la vez que solicitan hacer obligatoria la escolaridad y formación laboral. A su vez, plantean que todo adolescente debe contar con un plan de reinserción, con un acompañamiento el cual debería comenzar antes del término de la condena y extenderse por un periodo de al menos 24 meses. Otra de las propuestas apunta a dar una mayor participación de las víctimas en la ejecución de las condenas, señalando que estos deberían ser informados o escuchados antes de modificar el cumplimiento de una condena. También plantean mejorar la supervisión del cumplimiento de las condenas, reforzando el seguimiento de las sanciones, especialmente de aquellas que se cumplen en libertad. De igual forma apuntan a facultar al Ministerio Público para solicitar revisión de condenas ante incumplimientos graves. Los alcaldes además proponen la creación de un sistema nacional de alerta temprana, que permita detectar tempranamente adolescentes en riesgo. “El Estado tiene hoy la información necesaria para identificar tempranamente a los niños y adolescentes en trayectoria de mayor riesgo, pero está dispersa entre educación, salud, protección y municipios, y no gatilla intervención oportuna”, mencionan.En el documento, también apuntan a robustecer el sistema de protección especializada y su coordinación con tribunales de familia, señalando que “Fortalecer las Oficinas Locales de la Niñez es indispensable, pero insuficiente si al mismo tiempo el sistema de protección especializada mantiene listas de espera de decenas de miles de niños y los tribunales de familia carecen de las herramientas y tiempos para intervenir en los casos en que el problema central es el propio grupo familiar. Finalmente plantean abordar el consumo problemático de drogas y garantizar una rehabilitación efectiva, señalando que “no basta con aumentar las sanciones si el adolescente cumple su condena sin abordar un consumo problemático de drogas”.“La prevención, el tratamiento y la rehabilitación deben ser parte central de una política efectiva contra la reincidencia y la violencia juvenil”, mencionan.