Análisis Exclusivo suscriptores Regreso de bombardeos y revisión de la Undmo hacen parte del giro que prepara el gobierno entrante para recuperar el orden público. Integrantes de la Undmo. Foto: Policía de Colombia.SUBEDITOR DE JUSTICA07.07.2026 10:38 Actualizado: 07.07.2026 10:38

Desde que el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la designación del general (r) Jorge Eduardo Mora López como próximo ministro de Defensa, comenzó a delinearse el cambio de rumbo que tendrá la política de seguridad y defensa a partir del 7 de agosto. Las primeras declaraciones del oficial retirado dejaron ver que el nuevo gobierno buscará desmontar varias de las decisiones adoptadas durante la administración de Gustavo Petro, bajo la premisa de recuperar la capacidad operativa de la Fuerza Pública frente a la violencia que se registra en varias regiones.Las modificaciones anunciadas abarcan distintos frentes. Mora López anticipó que derogará los decretos y confirmó que se estudia su eventual reintegro al Ejército y la de otros oficiales retirados; además anunció el regreso de los bombardeos contra estructuras armadas ilegales y respaldó la intención del presidente electo de desmontar buena parte del andamiaje jurídico que sustentó la política de ‘paz total’.Las propuestas llegan en un contexto en el que la seguridad fue el eje central de la campaña presidencial y uno de los factores que marcaron el debate electoral. Sin embargo, especialistas consultados coinciden en que recuperar el control del territorio no dependerá únicamente de revertir decisiones del gobierno saliente, sino de la capacidad para ejecutar una estrategia diferenciada frente a problemas que responden a dinámicas distintas.El general (r) Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa designado. Foto:CortesíaEn esa lectura, el primer reto corresponde a la defensa nacional. Allí se concentran las operaciones contra grupos armados ilegales que hoy mantienen presencia y disputas en regiones como el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, Arauca o Putumayo. Es justamente en ese escenario donde el nuevo ministro ha insistido en que “los bombardeos vuelven con total contundencia”, reabriendo una herramienta militar que ha sido usada 24 veces en este gobierno sin resultados contundentes contra los grupos armados.Uno de los anuncios que más discusión ha generado es la intención de desmontar la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y restablecer el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). La decisión hace parte de la promesa del nuevo gobierno de revisar las normas expedidas durante los últimos cuatro años en materia de protesta social.Sin embargo, la subdirectora para América Latina del International Crisis Group, Elizabeth Dickinson, considera que cualquier modificación debe preservar las garantías constitucionales. A su juicio, resulta relevante que el ministro haya reiterado la necesidad de proteger el derecho a la protesta, los derechos humanos y a la población civil. “La protección es una palabra muy importante. Es una buena señal y refleja el deber del ministro de garantizar ese derecho”, explicó.Unos agentes del Undmo. Foto:Policía de Colombia.La investigadora advierte que las experiencias del paro nacional dejaron una enseñanza institucional. “Hemos visto en Colombia que una respuesta que no está calibrada a la situación tiende a aumentar la tensión social y empeorar el escenario. La violencia por parte del Estado, en esos contextos, no necesariamente contiene la situación, sino que aumenta la frustración y la conflictividad”, señaló.En ese mismo debate aparece otro de los anuncios del nuevo ministro: el eventual reintegro de oficiales retirados. Dickinson considera que antes de adoptar una decisión de esa naturaleza convendría escuchar la percepción de quienes actualmente permanecen en servicio. Según explica, algunos oficiales activos interpretan esa posibilidad como un mensaje de desconfianza hacia quienes hoy integran la institución. “Puede correr el riesgo de afectar la tradición institucional y desmoralizar a la Fuerza Pública. Lo primero sería socializar la propuesta y conocer la reacción de los activos para establecer si realmente responde a las necesidades de la institución”, sostuvo.Artillería utilizada previo al bombardeo en Catatumbo. Foto:CortesíaPara el experto en seguridad Andrés Nieto, el eventual regreso del Esmad también enfrenta límites jurídicos. Explica que el decreto que reguló el manejo de la protesta social fue expedido en cumplimiento de órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la Corte, luego de los hechos ocurridos entre 2019 y 2021. En consecuencia, cualquier modificación deberá respetar esas decisiones judiciales.“El cambio de nombre institucional es viable porque corresponde a una decisión administrativa de la Policía. Pero, se llame Undmo, Esmad o de cualquier otra manera, tendrá que cumplir los protocolos establecidos por la resolución 2309 de la Policía Nacional”, explicó Nieto.El analista agrega que esos lineamientos seguirán obligando a privilegiar el diálogo, la mediación, el uso gradual de la fuerza, el respeto por los derechos humanos y el empleo de armas menos letales antes de cualquier intervención. Es decir, el cambio de estructura no elimina las obligaciones que hoy regulan el manejo de la protesta.La unidad esta conformada por tres batallones de Despliegue Rápido. Foto:CortesíaEn contraste, Nieto considera que el regreso de operaciones ofensivas contra grupos armados sí representa un cambio de fondo. A su juicio, combatir militarmente a estas organizaciones constituye una decisión coherente frente al fortalecimiento que han registrado varios actores ilegales durante los últimos años, aunque advierte que el desafío no será únicamente operacional sino también jurídico.Ese escenario se conecta con la decisión del presidente electo de desmontar el esquema de la ‘paz total’. El nuevo gobierno ha anunciado que expedirá decretos para dejar sin efectos las zonas de ubicación temporal creadas durante la administración Petro. Si ello ocurre, las áreas perderían su condición especial y las Fuerzas Militares y la Policía podrían retomar operaciones contra los grupos que permanezcan allí. Paralelamente, la Fiscalía reactivaría las órdenes de captura y las investigaciones suspendidas en desarrollo de los procesos de negociación.soldados Foto:soldadosNo obstante, los expertos recuerdan que el Ejecutivo puede modificar mediante decreto varias decisiones administrativas relacionadas con el orden público, pero no ocurre lo mismo con la ley que dio soporte a la política de paz total. Cualquier cambio a ese marco normativo deberá tramitarse en el Congreso. De igual forma, los compromisos derivados del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016 mantienen protección constitucional y continúan siendo de obligatorio cumplimiento.Para Luis Eduardo Saavedra, experto en temas de seguridad, el paquete de reformas que ha venido anunciando el general (r) Jorge Eduardo Mora obliga a preguntarse si los instrumentos actuales son insuficientes o si el país simplemente dejó de usarlos”.Sobre la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), sostiene que el modelo vigente “le resta margen de maniobra a la Fuerza Pública en los momentos de alteración del orden público”, debido a que muchos uniformados actúan bajo una incertidumbre jurídica que termina afectando su capacidad de respuesta. LEA TAMBIÉN En ese sentido, Saavedra considera que el eventual regreso del Esmad tendría un efecto que va más allá del cambio de nombre. “Ahí está el verdadero argumento a favor del regreso del Esmad: que la Policía pueda actuar con la confianza de que, si su proceder se ajusta a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado en el mantenimiento del orden público, no será perseguida judicialmente por cumplir con su deber”. Frente al anuncio de retomar los bombardeos, el analista sostiene que la pregunta de fondo no es si los bombardeos son necesarios —lo son, mientras exista una amenaza que ocupa territorio y crece en ausencia de presión—, "sino cómo fortalecer la inteligencia táctica y operativa para garantizar la precisión suficiente que permita golpear la estructura armada sin repetir los episodios que en el pasado convirtieron una ventaja táctica en una crisis humanitaria”. Añade que, bajo ese mismo enfoque, el eventual reintegro de oficiales con experiencia podría aportar capacidades adicionales en un momento en que la seguridad enfrenta uno de sus mayores desafíos.Redacción JusticiaJusticia@@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.