Una diversidad de productos alimenticios esenciales, que incluye carnes, lácteos, huevos, frutas, verduras y cereales, se agrupa junto a aceites, azúcar, alimentos infantiles y fertilizante agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)Este mes se cumple un año desde la aprobación de la Ley Especial para Promover Competitividad y Facilitar Acceso a Productos de la Canasta Básica Ampliada, una norma temporal que elimina aranceles a 120 productos e insumos agrícolas para facilitar el acceso a alimentos y bienes esenciales.La ley, impulsada por el Gobierno de El Salvador a través de los ministerios de Economía, Hacienda y Agricultura, también simplifica procedimientos de importación y asigna funciones de control a la Defensoría del Consumidor y a la Dirección General de Aduanas.Según el Decreto Legislativo No. 51, la modificación del Arancel Centroamericano de Importación aplica solo para El Salvador y, una vez concluida su vigencia, restablecerá los aranceles y requisitos arancelarios previos a la emisión de la norma.PUBLICIDADLa medida elimina aranceles a más de un centenar de productos de la canasta básica ampliada, además de insumos agrícolas y bienes esenciales de consumo. Entre los rubros incluidos figuran carnes de res, cerdo, pollo y pavo; leche fluida; huevos; verduras; frutas; cereales; aceites vegetales; azúcar; alimentos infantiles y fertilizantes agrícolas.Una amplia variedad de alimentos frescos, como carnes, frutas, verduras, lácteos y cereales, se agrupa con productos esenciales y fertilizantes agrícolas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)El decreto incorpora códigos específicos de importación, lo que permite identificar los productos exentos del pago de derechos arancelarios. El alcance de la reforma comprende cortes de carne, lácteos, papas, tomates, cebollas, arroz, avena, aceites, cereales, pan, preparaciones a base de café, alimentos para animales, fertilizantes y agroquímicos.PUBLICIDADLa ley establece como objetivo “garantizar el acceso directo y efectivo a los productos de la canasta básica, al mismo tiempo que promueve mayor competitividad y reduce distorsiones de mercado”.El texto vincula la medida con la persistencia de factores externos, como la inflación internacional, el aumento de precios de fletes marítimos y la especulación, que impactaron en el costo final de los alimentos y otros bienes esenciales para la población salvadoreña.Según el documento, los importadores de productos comprendidos en la ley no deberán presentar permisos previos, aunque sí tendrán que declarar que los productos cumplen con los requisitos de inocuidad y calidad exigidos por la legislación salvadoreña.PUBLICIDADUn año de la ley que quitó aranceles en El Salvador: 120 productos, controles en Aduanas y la promesa de abaratar la canasta básica. (Imagen archivo: Mercado La Tiendona, cortesía Presidencia El Salvador)Ese procedimiento se aplicará principalmente a productos provenientes de países con estándares sanitarios iguales o superiores a los de El Salvador. El listado completo y los códigos SAC pueden consultarse en el decreto oficial.Las funciones de vigilancia y control estarán a cargo de la Defensoría del Consumidor y de la Dirección General de Aduanas. Ambas entidades coordinarán la supervisión sanitaria y la fiscalización posterior a la importación para garantizar que la reducción de aranceles se refleje en los precios finales al consumidor.La Defensoría deberá monitorear y vigilar el mercado para asegurar que los beneficios de la ley sean percibidos por la población. A su vez, el Ministerio de Economía tendrá la responsabilidad de notificar la modificación a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en cumplimiento de los compromisos regionales.PUBLICIDADEl texto oficial señala que “los factores que incidieron para emitir la Ley… se han agravado, y con ello, se ha ocasionado distorsiones en el acceso de la población, para adquirir en condiciones adecuadas los productos básicos para sus hogares”.La ley también faculta a los ministerios vinculados con su aplicación a emitir acuerdos, instructivos o resoluciones para implementar la normativa sin alterar los estándares de calidad e inocuidad exigidos por la legislación salvadoreña.