Elegir autoridades de control a través de procesos transparentes y promover la participación ciudadana son los argumentos de tres exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para buscar la reelección, pese a que dejaron sus cargos por destituciones o renuncias.Entre las 309 precandidaturas registradas para las siete vocalías del CPCCS que se definirán en los comicios seccionales del 29 de noviembre figuran estos cuatro postulantes que no se despidieron en buenos términos de la institución.Desde el 2018, estas autoridades se eligen por voto popular; y, desde la primera conformación del pleno, en mayo del 2019, su funcionamiento ha estado marcado por las pugnas entre sus miembros y las presiones de las fuerzas políticas por conducir la elección de las principales autoridades de control del Estado. PublicidadUna de las exconsejeras que llegaron en el 2019 quiere repetir: Rosa Chalá Alencastro.El 14 de agosto de ese año, Chalá fue censurada y destituida de su cargo como consecuencia de un juicio político que se sustanció en la Asamblea Nacional, por el que también fueron sancionados los exvocales José Tuárez, Walter Gómez y Victoria Desintonio.En ese entonces, los cuatro exvocales resolvieron crear una comisión de abogados para “revisar” el proceso administrativo de selección y designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC).PublicidadPublicidadA los jueces constitucionales que se posesionaron en el 2019 los designó el CPCCS transitorio, cuyas decisiones estaban ‘blindadas’ por provenir del referéndum de 2018 que le dio competencias extraordinarias para evaluar, destituir y designar a las autoridades. Chalá estuvo apenas tres meses en el cargo y ahora quiere volver para el periodo 2027-2031.En la carta de postulación que presentó al Consejo Nacional Electoral (CNE) ofrece convocar de inmediato a los concursos públicos para designar a las principales autoridades de control del Ecuador, que sean probas y tengan trayectoria.Con la destitución de estos exconsejeros se principalizaron cuatro suplentes: Ibeth Estupiñán, Juan Javier Dávalos, David Rosero y Francisco Bravo. Se eligió como presidente del Consejo a Christian Cruz y a Sofía Almeida en la vicepresidencia. La Asamblea Nacional siguió un juicio político a Cruz que concluyó con su censura y destitución, y subió a la presidencia Sofía Almeida y David Rosero a la vicepresidencia.PublicidadEl pleno se compuso con Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, David Rosero, Ibeth Estupiñán, Juan Javier Dávalos y Hernán Ulloa, que se principalizó en lugar de Cruz.Los siete fueron destituidos el 23 de enero de 2023 por el pleno de la Corte Constitucional, debido a que incumplieron una sentencia en un caso de una acción extraordinaria de protección que los obligaba a designar al titular del Consejo de la Judicatura (CJ).Según los jueces, hubo una actuación sistemática de los exvocales, que dilataron el procedimiento de selección y descalificaban las ternas de aspirantes que enviaba la Corte Nacional de Justicia (CNJ).La consecuencia de la destitución perdura por dos años, en los que el exfuncionario no puede ejercer cargos en el Estado y tampoco puede volver a la institución de la que fue destituido.Tres años después de ese hecho, quieren reelegirse Almeida, Estupiñán y Rosero; este último iría por una segunda elección.En los comicios del 2019 llegó como suplente; y, pese a que fue destituido, fue candidato a la reelección en los comicios de 2023, aunque no ganó una consejería principal.Sin embargo, tras la destitución y censura de Gonzalo Molestina por un juicio político en el 2025, se principalizó y está en funciones. Ahora, consta como inscrito para repetir por una vez más, pese a que la Constitución y el Código de la Democracia establecen que los “dignatarios de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo”.En todo caso, será el Consejo Nacional Electoral el que resolverá si procede su inscripción. La exconsejera Ibeth Estupiñán, además de haber sido destituida por la CC, fue previamente censurada y destituida por un juicio político el 14 de noviembre de 2022.Ella, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo —este último es actualmente precandidato a la Prefectura de Manabí, de donde es oriundo— fueron enjuiciados por reformar el reglamento para la selección del titular de la Contraloría.Recuperaron sus cargos a través de un fallo a su favor en una acción de protección que emitió el exjuez Ángel Lindao, que fue procesado en el caso Metástasis; y, luego, fueron destituidos por la CC.Otro precandidato es el médico guayaquileño Roberto Gilbert, quien hace veinte días era consejero de Participación, pero renunció.Su decisión se dio días después de que en una sesión virtual del 11 de junio —mientras se conocía el informe final de calificación de méritos de 28 aspirantes al concurso público para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado— Gilbert interrumpía a la vocal Nicole Bonifaz para increparla.Se encendió la cámara de su dispositivo y se observó al concursante a fiscal José de la Gasca caminar cerca del exconsejero.No obstante, Gilbert alegó que renunció porque en el Consejo no se incluyeron sus propuestas para debatir la situación de la salud pública en el país.En las cartas de postulación que los cuatro precandidatos presentaron al CNE ofrecen actuar con transparencia, responsabilidad e incluso con independencia política.Así por ejemplo, Sofía Almeida admite que vivió el CPCCS como consejera, presidenta y vicepresidenta y pudo “palpar que el camino es largo”.“Considero indispensable impulsar mecanismos que garanticen procesos transparentes, meritocráticos y libres de cualquier influencia indebida en la designación de autoridades”, dice su carta.Roberto Gilbert argumenta que quiere trabajar por la salud pública, formando veedurías que observen los procesos de compra de medicinas.Por ahora, los expedientes de los 309 aspirantes están en revisión.El 3 de julio concluyó el plazo para que la ciudadanía y sociedad civil presenten denuncias en contra de los preaspirantes en el caso de que conozcan el incumplimiento de requisitos de ley o que no cuenten con probidad en su trayectoria personal y profesional. Los inscritos podrán ejercer su derecho a la defensa, y será el pleno del CNE el que resolverá si se los admite o no para la siguiente fase, que es la revisión de requisitos por parte de una comisión verificadora. (I)