En apenas diez minutos, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha mezclado la regularización extraordinaria de inmigrantes y la sospecha sobre su impacto en el censo, los casos de corrupción en el seno del PSOE, el lawfare, la defensa de su ley del concebido no nacido y, sobre todo, la senda de déficit autonómico que se aprobó el lunes, tras la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que sacará adelante los Presupuestos de 2027. Para la presidenta madrileña ―en la tónica del resto de dirigentes populares, que votaron en contra― es todo “un paripé” que “solo busca la compra de voluntades”. En concreto, las de Salvador Illa, presidente catalán, y de los independentistas, “que son exactamente lo mismo”. “Buscan financiar siete veces a Cataluña [gobernada por el PSOE] por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal a ojos de todos”, ha dicho en un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum este martes en Madrid y en el que el invitado, a quien ella solo presentaba, era el presidente de la asamblea regional, Enrique Ossorio. El Gobierno convocó este lunes a las comunidades para detallar la senda fiscal en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), un trámite imprescindible para que el Gobierno pueda avanzar en el diseño de los Presupuestos Generales del Estado, en la agenda del Ejecutivo de cara a 2027, a pesar de las dificultades para conseguir los apoyos necesarios. De salir adelante, complicado por el desgaste del bloque de investidura, serían las primeras cuentas aprobadas desde 2023. En la reunión, el ministro de Hacienda, Arcadi España, trató de contentar a las comunidades con la propuesta de fijar objetivos de déficit público personalizados entre territorios y teniendo en cuenta su situación fiscal. Esto desató una oleada de críticas entre varias autonomías (11 de 18 gobernadas por el PP) y solo Cataluña se mostró abierta a la idea. Ayuso lo ha criticado, como también ha hecho en más de una ocasión con el sistema de financiación propuesto a principios de año y que rechazan la mayoría de territorios, gobernados por el PP, ya que fue pactado con ERC. “En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como siempre, todo fue un engaño. Han intentado otra vez utilizar a los españoles por dos motivos. Por un lado, para lanzar una maniobra de distracción sobre su corrupción. Por otro, para manosear un instrumento tan importante y tan serio como es el presupuesto”. Con el nuevo modelo de financiación, que entraña la dificultad de contentar los intereses de las comunidades, Hacienda pretende dar forma a una inyección adicional de recursos de 21.000 millones de euros anuales a repartir entre los territorios de régimen común (no entran País Vasco y Navarra). Según los números del ministerio, las grandes beneficiadas son, en cuantía total y de más a menos, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia. Para la presidenta, la cuestión de los presupuestos es “propaganda” y reflejo del “deterioro institucional”. Estas dos últimas palabras son las que ha utilizado para decir que el Gobierno “insulta a los jueces, a los magistrados”, en referencia al lawfare, un día después de que se publicara la encuesta monográfica sobre Justicia del instituto 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER que muestra que tres cuartas partes de la población española creen que los partidos políticos intentan influir en las decisiones judiciales y que los jueces se dejan influir. Ayuso, cuya pareja, Alberto González Amador, está siendo investigada por varios presuntos delitos, se refirió ya a ello el lunes como “la terrible teoría que ya va instalándose”. En su intervención, pensada para presentar a su compañero de partido, también ha habido tiempo para hablar de inmigración. Primero, de que “tantos ciudadanos vienen del otro lado del Atlántico [por América Latina, no por EE UU]” en busca de “seguridad”, “libertad” y “tranquilidad”, porque los países gobernados por la izquierda han sido “devorados por el populismo”. En mayo, durante su polémico y, según ella, tortuoso viaje a México, volvió a tildar a la nación de narcoestado y llegó a decir que no existió hasta que llegaron los españoles. Este lunes ha hablado de “naciones hermanas” que “no funcionan desde hace mucho tiempo”. Y dos minutos después, su relato sobre la inmigración ha dejado a un lado la acogida y ha vuelto sobre la idea de que la regularización extraordinaria “está generando tanta distorsión en los censos” y saturará los servicios públicos, a pesar de que estas personas ya viven en el país. Los inmigrantes regularizados no pueden votar en las elecciones generales ni en las autonómicas. Sí en las municipales, pero con unos requisitos concretos, como haber residido ininterrumpidamente en España al menos cinco años. Antes de terminar, Ayuso ha aludido a una de sus medidas estrellas, la polémica ley del concebido no nacido, que la Asamblea de Madrid aprobó el jueves pasado y que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció que replicará con una norma estatal si gobierna. “Parece que el dinero público solo tiene que ir destinado a campañas gubernamentales, a rescates de los amigos socialistas, y nunca en favor de las familias y las vidas que están en camino, y por eso cuentan”.