Un "testamento digital" en el que dejar plasmado cómo el usuario quiere que se use su imagen —o no— cuando fallezca; límites a la hora de usar la historia de un delito con fines lucrativos, como los true crime; y mayores restricciones a los vídeos, fotos o audios creados o manipulados con Inteligencia Artificial (IA) a partir de la imagen de una persona real, también conocidos como deepfakes. Son algunas de las medidas recogidas en la ley del derecho al honor, que este martes ha recibido luz verde del Consejo de Ministros y que a partir de ahora se tramitará en el Congreso de los Diputados. La norma, impulsada por el Ministerio de Justicia, pretende poner freno a las "prácticas depredadoras en redes" y dar "más poder" a los usuarios de internet "en detrimento de los "grandes oligarcas" que, según ha subrayado el ministro Félix Bolaños, "buscan lucrarse a costa de su honor y de su imagen". El proyecto persigue tres objetivos, tal y como ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: el primero, "adaptar" la ley a los cambios legislativos que se han producido desde 1982 en materia de imagen, honor e intimidad; en segundo lugar, actualizar la norma a la "evolución de las nuevas tecnologías"; y, por último, "proteger a los menores, a las personas con discapacidad y la imagen de las personas fallecidas". En esa línea, una de las principales novedades que introduce esta reforma es que, por primera vez, se considera "ilegítimo" el uso de la voz o la imagen de una persona sin su autorización con fines publicitarios o comerciales empleando IA o tecnologías similares. También establece que el hecho de que alguien haya compartido una foto personal en su perfil de redes sociales no supone que luego esta pueda utilizarse por una tercera persona en otras redes o canales de difusión. "Devolvemos a las personas el control de sus propias fotos", ha destacado Bolaños. Asimismo, se refuerza la protección de las víctimas de delitos, considerando un nuevo supuesto de "intromisión ilegítima" que afecta a los denominados true crime, que suelen relatar un crimen con todo lujo de detalles, ya sea a través de una serie o de obras literarias. "Queremos proteger a las víctimas de los delitos frente a prácticas que en muchas ocasiones suponen revictimización", ha reivindicado el ministro. Dará igual si el autor del delito haya compartido la historia queriendo provocar daño o simplemente por un beneficio económico. "Si hay afectación al derecho al honor, a la intimidad o a la imagen de la víctima, será una ingerencia ilegítima y, por tanto, permitirá que se adopten medidas judiciales, cautelares, de fondo, para suspender la comercialización de cualquier serie de televisión, libro o cualquier elemento audiovisual que esté en debate", ha especificado. Con el objetivo de mejorar también la protección a los menores , la ley sitúa en los 16 años la edad a partir de la cual pueden prestar consentimiento respecto al uso de su propia imagen. Es una medida paralela a la que se está intentando aprobar en el Congreso para vetar el acceso a redes a menores de esa edad, y en este caso se considerará una "intromisión ilegítima" en sus derechos cualquier publicación de su imagen que menoscabe el honor del menor. Asimismo, el texto incorpora la creación de un "testamento digital", en el que una persona pueda detallar cómo quiere que se utilice su imagen cuando fallezca. Se incorpora la posibilidad de prohibir mediante ese testamento —o a través de una persona designada— la utilización de su imagen o de su voz para fines publicitarios, comerciales o análogos. "Pretendemos dar respuesta a una realidad que cada vez está más presente en nuestra sociedad, que es que la tecnología permite recrear imágenes, voces, con un grado de realismo tal que es indistinguible de la realidad", ha señalado Bolaños. (Más información en breve)