Juan Manuel Badenas, el exportavoz y concejal de Vox en el Ayuntamiento de València, es uno de los mayores quebraderos de cabeza del gobierno de María José Catalá. El último episodio sucedió este viernes: fue pillado entrando en la sede del Sindicato de Estudiantes, en un edificio municipal que está cedido a la entidad, con un equipo de grabación. El sindicato ha presentado una denuncia por “allanamiento” del local contra el concejal, que tres días después aún no ha dado explicaciones.
El edil, que fue expulsado del equipo de gobierno y readmitido de manera exprés el pasado año, opera desde entonces por libre junto a la también concejala Cecilia Herrero, su pareja. Ambos han creado una escisión dentro del grupo municipal, que funciona por su propia cuenta con el beneplácito de PP y Vox para no perder su mayoría. Así al menos se desprende de las consultas al partido, a su grupo municipal y al Ayuntamiento de València. Nadie responde por ellos. Nadie se hace cargo. Pero ahí están, con escaño, despacho y medios públicos a su disposición.
Los ediles fueron expedientados y suspendidos cautelarmente de militancia el pasado abril, en el marco de una investigación judicial por los contratos de publicidad de la fundación València Activa al entonces concejal de Empleo, por los que la UCO registró el Ayuntamiento. Fueron objeto del expediente unas grabaciones publicadas en las que el edil habla sobre los contratos y sobre el partido. En paralelo, Herrero está siendo investigada por la Fiscalía de delitos de odio y se sentará en el banquillo por una serie de mensajes xenófobos en redes sociales. Ambos siguen en suspensión cautelar de militancia, señalan fuentes de Vox, pero se mantienen en el grupo municipal y tienen delegadas responsabilidades de gobierno local: gestionan Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial, aunque no se sientan en la Junta de Gobierno Local.
