Los accidentes de tránsito fueron la principal causa de muerte de menores en Honduras, con el 47% de los casos registrados entre enero y junio. EFE/Germán Reyes/Archivo

La violencia contra la niñez se extiende en Honduras: casi 200 menores murieron en el primer semestre de 2026. Accidentes de tránsito, homicidios y suicidios marcaron los primeros seis meses del año para la niñez hondureña.En el primer semestre de 2026, 197 menores de 0 a 17 años murieron en Honduras, según informes del Observatorio de la niñez de Casa Alianza de Honduras quienes advirtieron que los casos ya no se concentran solo en las principales ciudades, sino que se expanden hacia departamentos donde antes la incidencia era menor.PUBLICIDADAunque los números son similares a los registrados durante el mismo período del año pasado, especialistas señalaron que el problema comenzó a cambiar. La preocupación ya no radica solo en la cantidad de víctimas, sino en la expansión territorial de los hechos y en cómo afectan a menores en zonas que hasta hace poco no figuraban entre las más golpeadas.PUBLICIDADLa directora del Observatorio de la Niñez de Casa Alianza, Grecia Moreno, explicó que los accidentes de tránsito continúan como la principal causa de muerte entre menores de edad. De acuerdo con el monitoreo de la organización, el 47% de los casos registrados entre enero y junio corresponde a este tipo de hechos, lo que representa aproximadamente 92 fallecimientos.PUBLICIDADEn segundo lugar aparecen los homicidios, con 73 víctimas, equivalentes al 37% del total. A eso se suman 32 suicidios, que representan el 16%, mientras que un porcentaje menor corresponde a otras causas de muerte.Las 197 muertes de niños y adolescentes en Honduras durante el primer semestre de 2026 son detalladas por tipo de suceso, con un mapa que ilustra la expansión territorial de la violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)Estos datos muestran la combinación de distintos factores de riesgo. La violencia criminal sigue cobrando la vida de menores de edad y los accidentes de tránsito continúan como una emergencia que cada año deja decenas de víctimas infantiles y adolescentes.PUBLICIDADPara Casa Alianza, uno de los cambios observados durante este año es la dispersión geográfica de los casos. Moreno explicó que antes la mayoría de las muertes violentas de menores se concentraba principalmente en Francisco Morazán y Cortés, departamentos que históricamente han registrado los mayores índices de violencia del país. Pero el comportamiento actual muestra una expansión hacia otras zonas del territorio nacional.“Antes identificábamos estos casos principalmente en Francisco Morazán y Cortés, pero ahora también se registran en Colón, Yoro, Choluteca y El Paraíso, departamentos que antes no eran considerados puntos rojos y que ahora presentan alertas”, señaló.PUBLICIDADLos informes revelan que este comportamiento muestra que la violencia contra la niñez ya no responde solo a focos específicos, sino que comienza a extenderse hacia nuevas regiones, lo que incrementa los desafíos para las instituciones encargadas de la protección de la infancia.La situación coincide con las alertas que desde hace varios años documenta el Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que monitorea de forma permanente los hechos violentos que afectan a niñas, niños y adolescentes.PUBLICIDADLos análisis elaborados por esta institución advirtieron que la violencia contra la niñez sigue siendo uno de los principales desafíos del país y que la información estadística resulta fundamental para identificar patrones, fortalecer las políticas públicas y orientar las acciones de prevención en los territorios con mayor vulnerabilidad.Y es que detrás de cada cifra existen múltiples factores sociales, familiares y económicos que aumentan la exposición de los menores a distintas formas de violencia, por lo que insistieron en la necesidad de respuestas integrales que involucren al Estado y a las comunidades.PUBLICIDADUno de los datos del informe es que casi la mitad de las muertes registradas durante el primer semestre estuvo relacionada con accidentes de tránsito.Para Casa Alianza, esta situación muestra que, además de combatir la violencia criminal, Honduras enfrenta el reto de fortalecer la prevención vial, especialmente entre adolescentes que conducen motocicletas y otros vehículos sin cumplir los requisitos legales o sin la experiencia necesaria.PUBLICIDADMoreno llamó a los padres de familia a asumir un papel más activo en la supervisión de sus hijos y evitar que menores de edad conduzcan motocicletas o automóviles, al considerar que parte de estas tragedias podría prevenirse mediante un mayor control dentro de los hogares.La organización recordó que la seguridad vial también forma parte de la protección integral de la niñez y que la responsabilidad debe ser compartida entre las familias, las autoridades de tránsito y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.Si bien los accidentes encabezan las estadísticas, los homicidios continúan como una de las expresiones más graves de la violencia que enfrenta la niñez hondureña.Los 73 asesinatos registrados durante el primer semestre reflejan que muchos menores siguen expuestos a escenarios de criminalidad, conflictos comunitarios y otras manifestaciones de violencia que terminan arrebatándoles la vida.Los accidentes de tránsito fueron la principal causa de muerte de menores en Honduras, con el 47% de los casos registrados entre enero y junio.A eso se suma la preocupación expresada por Casa Alianza sobre la forma en que se están cometiendo estos crímenes. Moreno advirtió que el nivel de violencia observado en varios de los homicidios representa un factor adicional de alarma.Ante este panorama, Casa Alianza exhortó a las autoridades hondureñas a reforzar las estrategias de prevención y protección dirigidas a la niñez, especialmente en los departamentos donde la violencia comienza a mostrar crecimiento.La organización consideró indispensable fortalecer la presencia institucional, mejorar los mecanismos de prevención comunitaria y ampliar los programas de atención para niños y adolescentes que viven en contextos de vulnerabilidad.