La asunción por la Fiscalía y los jueces de instrucción de las tesis que plantean los informes policiales contempla excepciones. Ocurrió con el caso que afectaba por narcotráfico y blanqueo de capitales a familiares de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en el que las unidades policiales implicadas solicitaron en tres informes que se abriera una nueva línea de investigación, por delitos de corrupción, sin que la Fiscalía Antidroga ni los jueces que tuvo el caso en la Audiencia Nacional accedieran a ello.
La Audiencia Nacional acaba de condenar a nueve años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de capitales a Joakim Broberg, hijastro de Ángeles Muñoz, regidora de Marbella. En las intervenciones telefónicas que practicó la Policía, con autorización del juez, Joakim aludía al poder que tenía en las administraciones de la Costa del Sol, incluido el Ayuntamiento que preside su madrastra, pero esos comentarios no fueron suficientes para indagar en lo que había detrás.
“Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente [informe], se solicita se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias decretando el secreto de las actuaciones”. Esta es la conclusión de un informe de la UDEF entregado al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en julio de 2019. La propuesta de la Policía nunca fue admitida, pese a los indicios de los que se acompañaba.
