La Contraloría emitió un duro informe sobre Trinidad Steinert, exministra de Seguridad de José Antonio Kast, quien duró 69 días en el cargo tras una controvertida gestión. Consideró que se excedió en sus atribuciones luego que, el 13 de marzo, apenas dos días después de llegar al Gabinete, pidió información detallada, a través de un oficio reservado, al director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, sobre cuatro funcionarios policiales con quienes ella trabajó como fiscal en la desarticulación de una organización criminal china, el Clan Chen, en la víspera dejar el Ministerio Público para irse al Gobierno. Eran de la máxima confianza de Steinert, pero habían sido trasladados a otras zonas de Chile por decisión de la entonces subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Consuelo Peña, lo que generó la molestia de la abogada.Steinert fue convocada por Kast, en una reunión por zoom, solo 36 horas antes que presentara a su Gabinete, el 20 de enero, en una ceremonia solemne. Renunció a una carrera de más de 20 años en el Ministerio Público para ser parte de la Administración de derecha. Fue recomendada para el cargo por el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella. En principio fue la principal figura del Gobierno, pues el mandatario basó su campaña en la promesa de la seguridad y el control de la delincuencia. Su debut, sin embargo, quedó marcado por la abrupta salida de Consuelo Peña, que fue llamada a retiro a los pocos días desde que la exfiscal jefa de Tarapacá, en el norte chileno, llegó a la Administración de Kast. Y es ese episodio, y sus varias aristas, las que trata de despejar la Controlaría en su informe, dado a conocer este jueves por Mega y Radio Biobío.En este informe, la contralora Dorothy Pérez respondió a los requerimientos presentados por tres diputados antes de la salida de Trinidad Steinert del Gabinete: el socialista Raúl Leiva, el democristiano Patricio Pinilla y Tatiana Urrutia, del Frente Amplio. En términos generales, los parlamentarios solicitaron que se aclarara si, una vez asumido el puesto de ministra, Steinert tenía atribuciones para requerir al director de la PDI, Eduardo Cerna, información sobre los cuatro funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado que habían integrado su equipo de investigación cuando se desempeñaba como fiscal a cargo del caso del Clan Chen.Al respecto, la Contraloría estimó respecto de Steinert que “la actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial”.El órgano contralor consideró que el oficio que envió Steinert, ya como ministra, a la jefatura de la PDI, pidiendo la nómina de los funcionarios trasladados que trabajaron con ella, podría “entenderse ajustado a las atribuciones”. No así la parte del requerimiento donde pidió detalles sobre los policías, tales como sus nombres, grados y cédulas de identidad, además de antecedentes disciplinarios y penales. También, exigió copias de denuncias o sumarios administrativos internos de los cuatro policías. Y es en ese este punto donde la contralora Dorothy Pérez consideró que la conducta “excede la facultad general de requerir informes conferida”.Además, el órgano fiscalizador señaló que “no se advierte de qué manera los requerimientos específicos (...) puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes, las cuales, conforme a la normativa vigente, deben estar destinadas, entre otros aspectos, a planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad” que define el Ministerio de Seguridad Pública.Y agregó que “se debe tener presente que los requerimientos de información se refirieron a personal perteneciente a una dependencia policial que apoyaba la labor investigativa que encabezaba la propia exsecretaria de Estado en su anterior desempeño, lo que se debe considerar al tenor del deber legal de abstención que, respecto de su cargo público previo, aquella debía observar”.Steinert fue sacada del Gabinete hace 45 días, el 19 de mayo, y fue reemplazada por el ingeniero republicano, Martín Arrau.El papel que tuvo Steinert en la salida de Consuelo Peña nunca quedó despejado, pese a los esfuerzos de Kast y de la versión que entregó al respecto Eduardo Cerna ante el Congreso, cuando aseguró que el llamado a retiro de Peña fue “una decisión de la Policía de Investigaciones”, la misma versión que días antes entregó el presidente de la República.En términos administrativos, la Contraloría no cuestionó la legalidad de la salida de Peña.