Audiencia de revisión de medidas de Aquiles Alvarez, sus hermanos y otros procesados en el caso Goleada se desarrolla de manera telemática

Publicidad3 de julio, 2026 - 09h09Pasadas las 08:00 de este viernes, 3 de julio de 2026, se instaló la audiencia de revisión de las medidas cautelares que pesan en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dos de sus hermanos y otros procesados por el delito de lavado de activos en el denominado caso Goleada. La diligencia se desarrolla de manera virtual y está a cargo del juez de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, Jairo García.La audiencia de revisión de medidas fue solicitada por el alcalde Aquiles Alvarez; sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez; la empresa Inmobiliaria Fiorema S. A., cuya única accionista es Gioconda Henriques, madre del alcalde, y que tiene a José Ruiz Castillo como presidente de la compañía, y el procesado Gastón Aparicio Loy. PublicidadA esta solicitud se sumó el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Raúl Chávez, también procesado en este caso, quien pidió al juez que convoque a una audiencia para la revisión de la medida cautelar que pesa sobre su vehículo, un Toyota 4Runner. Al igual que los procesados, el fiscal del caso, Dennis Villavicencio, solicitó al juez Jairo García que en audiencia se revisen las medidas del alcalde de Guayaquil, sus hermanos, de Fernando Peñaherrera Venegas y de César Bravo Ibáñez. La audiencia arrancó con la presentación de los argumentos de las defensas de los procesados, como Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, así como el abogado de Raúl Chávez, Carlos Soria, quienes solicitaron al juez García que acepte el pedido de cambio de medidas.PublicidadPublicidadLa diligencia continuará con la exposición del resto de abogados y luego seguirá la Fiscalía General del Estado. En este caso existen 26 personas, entre naturales y jurídicas, investigadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), que acusa a Aquiles Alvarez y su familia de conformar una presunta estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles que habría servido para lavar dinero. (I)