La audiencia preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio marcó un giro en la teoría del caso. La Fiscalía sostuvo que el crimen no fue un hecho aislado ejecutado por un grupo de sicarios, sino la actuación de una “gran estructura criminalmente organizada”, integrada –según esa teoría– por financistas, articuladores criminales, intermediarios, operadores políticos y ejecutores que habrían operado coordinadamente para preservar espacios de corrupción e impunidad.No es una verdad judicial. La presunción de inocencia ampara a los procesados y corresponderá al tribunal decidir si esa acusación queda demostrada más allá de toda duda razonable. Pero la importancia de la afirmación fiscal va más allá de este proceso. Obliga a replantear la forma de entender el magnicidio.Durante años la atención estuvo centrada en identificar a quienes ejecutaron el crimen. Hoy la cuestión parece ser otra: ¿fue el magnicidio la expresión de una empresa criminal? Ya no se investiga únicamente a los autores materiales, sino la existencia de una organización capaz de planificar, financiar, coordinar y ejecutar un asesinato para garantizar la continuidad de un sistema de corrupción e impunidad.La teoría no descansa solo en testimonios. Se apoya en pericias técnicas, rastreos telefónicos, análisis de comunicaciones, seguimientos y reconstrucciones retrospectivas dirigidas a demostrar la planificación, la logística y el financiamiento de la operación.Esa tesis tampoco puede desvincularse del escenario revelado por los casos Metástasis, Purga y Plaga, que expusieron presuntas redes de corrupción e infiltración criminal en instituciones del Estado. Lo que ahora deberá resolverse es si el asesinato de Villavicencio constituyó una manifestación de ese mismo fenómeno.El propio expediente deja otra enseñanza. La investigación ha requerido cooperación internacional e intercambio de información con otros países. Si para esclarecer un solo magnicidio es indispensable acudir a esos mecanismos, cabe preguntarse si el Ecuador dispone, por sí solo, de los recursos técnicos e institucionales necesarios para enfrentar organizaciones criminales de semejante complejidad.La experiencia comparada demuestra que, cuando el crimen organizado alcanza niveles de captura institucional, los Estados fortalecen sus capacidades mediante mecanismos extraordinarios de cooperación. Si la teoría fiscal llegara a confirmarse, el Ecuador debería abrir un debate nacional sobre la conveniencia de crear, con el auspicio de las Naciones Unidas y el apoyo de democracias con experiencia en esta materia, una Comisión Internacional contra la Impunidad. No para sustituir al Estado, sino para fortalecer su capacidad para investigar y desmantelar estructuras criminales.La justicia decidirá la responsabilidad de los procesados. Pero si, como sostiene la Fiscalía, el asesinato respondió a la actuación de una “gran estructura criminalmente organizada”, el desafío para el Ecuador no terminará con una sentencia. Apenas comenzará con la obligación de dotar al Estado de las herramientas necesarias para impedir que una organización de esa naturaleza vuelva a desafiar a la República. (O)