La Paz (EFE).- Los líderes ciudadanos de Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia, informaron este jueves que la Fiscalía les admitió una denuncia penal contra el exmandatario Evo Morales y otros dos dirigentes sindicales, a quienes acusan por los daños causados por las protestas de mayo y junio para exigir la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz.
Además de Morales (2006-2019), la acción legal está dirigida contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el máximo dirigente de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar.
El abogado del Comité Cívico de Santa Cruz, Diego Coimbra, explicó a los medios que los delitos por los que se acusa a Morales, Argollo y Salazar son «alzamiento armado, terrorismo y asociación delictuosa» y que, además, podrían derivar en otros tipos penales, según avance la investigación.
Fotografía de archivo de integrantes de la Policía boliviana enfrentándose con manifestantes durante un desbloqueo de vías, en Cochabamba (Bolivia). EFE/Jorge Ábrego
Coimbra se presentó esta jornada en La Paz, junto al vicepresidente del Comité Cívico, Agustín Zambrana, para confirmar que en la víspera la Fiscalía admitió la denuncia penal contra los denunciados.
