Después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos frustrara el intento del presidente Donald Trump de restringir el principio constitucional de la ciudadanía por nacimiento, su Gobierno ha abierto un nuevo frente para endurecer los controles sobre las mujeres embarazadas que buscan entrar al país. El Departamento de Justicia (DOJ) ha lanzado una ofensiva contra el llamado “turismo de partos” o “turismo de maternidad”, como se conoce a cuando mujeres extranjeras viajan a EE UU para dar a luz y que sus hijos obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense, y ordenó convertir la persecución de esa práctica en una prioridad nacional. En un memorando fechado el 30 de junio, el mismo día del fallo del Supremo, Colin McDonald, el segundo al mando del DOJ, ordenó “a todos los fiscales federales de Estados Unidos y a la División Criminal que trabajen junto con el Departamento de Seguridad Nacional para priorizar la investigación y el procesamiento penal de los esquemas de turismo de maternidad”. El documento sostiene que la práctica incluye solicitudes de visa fraudulentas, en las que las mujeres ocultan que su verdadero propósito es dar a luz en EE UU, lo que incurriría en fraude migratorio. Además, el DOJ pidió a los fiscales evaluar posibles cargos por fraude electrónico, lavado de dinero, robo de identidad y fraude al sistema de salud, entre otros delitos, citando como antecedente varias condenas en los últimos años contra empresas que cobraban decenas de miles de dólares por organizar viajes de mujeres embarazadas. La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que establece que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, independientemente del estatus migratorio de sus padres. En enero, Trump emitió una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento de los hijos de inmigrantes indocumentados. El martes, el Supremo la declaró inconstitucional y reafirmó, por seis votos contra tres, que la Constitución garantiza ese derecho independientemente del estatus migratorio de sus padres, y que ese principio no puede ser modificado por un presidente. Trump lamentó la decisión y pidió al Congreso una ley que ponga fin a ese derecho. “La Corte Suprema mantuvo la ciudadanía por nacimiento, lo cual es una mala noticia para nuestro país”, escribió en su red social Truth Social. “Pero podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso mediante una ley, con el respaldo del presidente, como ha quedado determinado durante este proceso. ¡No hace falta una larga y engorrosa enmienda constitucional! El Congreso debe empezar HOY mismo a trabajar para poner fin a la costosa e injusta ciudadanía por nacimiento. ¡Tendrán todo mi apoyo absoluto!” Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y asesor de seguridad nacional de Trump, dijo tras el fallo del Supremo que había muchas cosas que iban “a tener que examinar muy detenidamente”. “Hay que pensar muy cuidadosamente a quién se permite entrar al país, incluso de manera temporal”, dijo visiblemente frustrado en una entrevista con la cadena conservadora Fox. Miller argumentó, sin aportar evidencia, que “hay madres que llegan con el embarazo a término, dan a luz, regresan a su país y ese bebé recibe Medicaid, asistencia social y ayudas económicas. Luego, un familiar puede enviar ese dinero de vuelta a su país de origen y sostener a toda una familia en el Tercer Mundo. No se pueden tener los mismos tipos de programas de inmigración que tienen otros países cuando alguien puede simplemente venir a tener un bebé aquí y ese niño pasa a ser ciudadano estadounidense”. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres expresaron preocupación por las posibles implicaciones de la iniciativa. Katie O’Connor, directora de política federal sobre aborto del National Women’s Law Center, dijo a Axios que podría plantear riesgos para la privacidad y dar pie a prácticas discriminatorias. Las leyes estadounidenses prohíben utilizar una visa de turista cuando el propósito del viaje es dar a luz en territorio estadounidense para obtener la ciudadanía para un hijo. Durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Estado endureció las normas para la emisión de visas a mujeres embarazadas si existían indicios de que ese era el objetivo del viaje. Un análisis del Migration Policy Institute (MPI) publicado en abril estima que los nacimientos como resultado del llamado turismo de partos representan menos del 1% de los 3,5 millones que se registran anualmente en el país. No existen estadísticas oficiales. El informe indica que el asunto era hasta hace poco marginal en el debate migratorio estadounidense, pero la Administración Trump lo convirtió en uno de los pilares de su argumento ante el Supremo para intentar limitar la ciudadanía por nacimiento. Los problemas que resultan de esa práctica, como facturas médicas sin pagar y fraude de visas, pueden resolverse con las leyes migratorias y penales vigentes, sin necesidad de modificar el principio constitucional de la ciudadanía por nacimiento, señala el MPI.