La cabalgata de Reyes Magos de 2024 de El Puerto de Santa María fue, cuanto menos, extravagante. A sus majestades les pareció poco tirar caramelos o juguetes, así que se lanzaron a arrojar sobres de jamón serrano, vales de pizzas y hasta entradas para el festival de reguetón Puro Latino. Este último regalo —que desató su polémica local— tenía un artífice: Pascual Llopis, rey Melchor esa tarde de enero, exitoso empresario de la hostelería portuense y persona cercana al alcalde Germán Beardo los otros 364 días del año. Ahora, el hostelero es uno de los detenidos entre Cádiz y Sevilla supuestamente implicados en una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y delitos de cohecho y prevaricación por unos contratos de patrocinio que, precisamente, consiguió del área de la Diputación de Cádiz en la que Beardo es vicepresidente. El caso que estalló a primera hora de este pasado miércoles con los registros en las oficinas y locales de Llopis en El Puerto (89.983 habitantes), otras propiedades de terceros no desveladas en la provincia de Sevilla y la entrada de la Guardia Civil en la Diputación gaditana empezó, en realidad, mucho antes. El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) y la Unidad de Delitos Económicos de la Comandancia de Sevilla, ambos de la Policía Judicial, llevaban tiempo tras la pista de un grupo de empresarios que supuestamente habrían usado dinero procedente del narcotráfico para blanquearlo en sus empresas. “Toda la investigación está bien atada”, apunta una fuente del caso. Todo el rastro de esos movimientos se ha saldado, por ahora, con la detención de 11 personas blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias. De ellas, tres ya están en libertad, tras pasar a disposición del Juzgado Número 5 de Instrucción de El Puerto, las otras ocho lo harán en las próximas horas. Mientras, el cerco se estrecha cada vez más en torno al alcalde Beardo que, aunque niega toda implicación en los hechos, aún no ha dado detalles del conocimiento que tenía de las actividades de Llopis, ni ha desmentido que en la actualidad viva en una de las viviendas turísticas del empresario, como ha desvelado el medio local Diario de Cádiz y ha confirmado a EL PAÍS fuentes de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento. Tanto la Guardia Civil como fuentes judiciales dan por hecho que habrá más investigados o detenidos, dado que las pesquisas siguen abiertas. La naturaleza de parte de los delitos investigados, como los de cohecho, revelación de secretos o malversación de caudales públicos ya apunta a la posibilidad probable de que entre esos futuros apresados pueda haber empleados públicos o cargos políticos, que por ahora no están en la lista de los primeros detenidos, como confirma una fuente cercana al caso. “Dependerá de la información que recogimos de los contratos de patrocinio”, explica la misma fuente conocedora de la investigación. Se refiere a la documentación que la Guardia Civil recogió del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación que dirige Beardo y de la Consejería de Turismo. En la institución provincial gaditana, los agentes recabaron correos y discos duros relativos a cinco contratos de patrocinio negociados sin publicidad por los que la administración desembolsó a Llopis más de un millón de euros en un lapso que va mayo de 2024 y abril de 2026. Lo hizo bajo el paraguas de Bahía Luz Restauración, S.L. y Luna Bahía, S.L., dos de las compañías del hostelero. Ambas forman parte de las siete empresas que aparecen a nombre del portuense como administrador único en los registros públicos empresariales, donde también figura reflejado como responsable de una comunidad de bienes y anterior administrador de otras cinco empresas más en el pasado. Pero la investigación sobre Llopis abarca aún más tiempo y derivadas. El empresario, conocido en El Puerto desde los años 90 del siglo pasado por diversos negocios de hostelería como Mucho Teatro o La Pontona, resurgió de sus cenizas tras un periodo de crisis. Los agentes de la EDOA, bajo las órdenes de la Fiscalía Antidroga, indagan si en esa recuperación económica pudo participar dinero procedente del narcotráfico y hasta qué punto él era conocedor o no de que ese capital tenía ese origen ilícito. Entre los investigados figura una persona con antecedentes policiales por narcotráfico de cocaína y hachís que responde al nombre de Mario y que sería la supuesta conexión entre el blanqueo por el que se investiga a Llopis con el origen turbio del dinero. En los registros realizados en la jornada del miércoles en algunos de sus negocios de modas —entre los que se encuentra una discoteca, un chiringuito, un bar y apartamentos turísticos— no se encontró droga, pero sí mucho dinero en efectivo. Entre los negocios y oficinas de Llopis, los agentes se hicieron con 1,2 millones de euros en cash, del total de 1,8 millones que se recuperó en las distintos entradas entre Cádiz y Sevilla. La Guardia Civil asegura que el importe del dinero bajo sospecha de blanqueo será mucho mayor cuando concluya la investigación, en función de que se estime el valor final del resto de bienes intervenidos, entre los que se encuentran vehículos, entre otros objetos. Además del empresario portuense, en la redada del miércoles acabaron detenidos su hijo, su mujer y dos empresarios de la hostelería de Cádiz que forman parte de los 11 detenidos. Aunque el cerco político se estrecha cada vez más contra el alcalde de El Puerto y vicepresidente de la Diputación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha explicado este jueves, tras el levantamiento del secreto, que Germán Beardo no figura “a día de hoy” como investigado. A eso se ha agarrado el propio aludido en entrevistas en La Ser y en un comunicado en el que habla de “difamaciones” y “mentiras” de la oposición en el Ayuntamiento y de los medios de comunicación. Beardo no ha dado explicaciones de su estancia en un edificio de apartamentos turísticos propiedad de Pascual, a preguntas de este periódico. En el vado de la puerta de este bloque, ubicado en el centro de El Puerto, se ha visto en las últimas semanas al menos uno los coches que usa para desplazarse con una tarjeta que lo identifica como vehículo con permiso municipal, según ha desvelado Diario de Cádiz y ha confirmado EL PAÍS con partidos de la oposición y un trabajador municipal.