Hacienda cerró 2025 con los deberes hechos en materia de prevención y control del fraude. La Agencia Tributaria terminó el año con un balance que redefine la efectividad de la inspección fiscal en España, alcanzando un récord histórico de 22.743 millones de euros aflorados y recuperados para las arcas públicas. Además de ser una cuantía no vista hasta la fecha, supone un sólido incremento de más del 20% si se compara con el ejercicio anterior, según los datos difundidos este jueves por el organismo. En total, se efectuaron más de dos millones de actuaciones de control, entre ellas 52.300 sobre grandes empresas y patrimonios, abusos de formas societarias y lucha contra la economía sumergida.Este volumen de dinero recuperado no es fruto del azar, sino de una estrategia quirúrgica que se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo y que ha puesto en el punto de mira a las grandes fortunas, el sector inmobiliario sumergido y las complejas estructuras societarias que buscan diluir la carga impositiva de las rentas más altas. El balance de resultados publicado por la Agencia Tributaria revela que el control intensivo sobre los contribuyentes con mayor capacidad económica ―tanto personas físicas como jurídicas― ha logrado que los resultados homogéneos, una vez descontados los expedientes extraordinarios, crezcan también casi un 20%, hasta situarse en los 18.376 millones de euros.Uno de los grandes pilares de la actuación, como viene siendo habitual desde hace unos años, ha sido el cerco a las grandes fortunas, coordinado por la Unidad Central de Control de Patrimonios Relevantes. La mejora del censo de obligados tributarios de alta capacidad económica ha permitido liquidar 547 millones a través de 1.329 expedientes, lo que sitúa a este colectivo como uno de los más relevantes para el organismo. En este sentido, destaca el golpe asestado a los falsos no residentes, que son aquellos contribuyentes que intentan hacer creer que viven fuera de España para pagar menos impuestos. En 2025, Hacienda detectó 145 casos que adulteraban su residencia, obteniendo más de 68 millones de euros, un 33% más que en el ejercicio previo por la misma vía.En el ámbito empresarial, la Agencia ha intensificado el control sobre el abuso de las sociedades interpuestas, una herramienta utilizada frecuentemente por personas de ingresos elevados para reducir su tributación personal. Lo suelen hacer facturando servicios profesionales a través de una empresa para tributar por el impuesto de sociedades en lugar de hacerlo por el IRPF, con tipos más altos. O, también, utilizando esos mismos vehículos para deducir gastos estrictamente personales, como la vivienda, vehículos particulares o suministros. Para frenar esta práctica, Hacienda realizó 5.354 actuaciones de comprobación en 2025, un 21,6% más que el año anterior.Este control se extiende a los grandes grupos y multinacionales, donde las comprobaciones han crecido un 11,8%, y donde se han logrado ajustes en bases imponibles internacionales por valor de 2.751 millones gracias a la colaboración de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional.El sector inmobiliario y la vivienda han vuelto a ser protagonistas de la recaudación por la vía de la prevención y el afloramiento. La estrategia de Hacienda de enviar avisos preventivos a presuntos arrendadores en sus datos fiscales al hacer la campaña de la Renta ha demostrado ser una herramienta eficaz. Según las estimaciones de la Agencia Tributaria, en la última década esta campaña de avisos ha logrado que se incorporen más de 1,49 millones de declaraciones que incluyen rendimientos de capital inmobiliario, lo que ha permitido aflorar una base imponible superior a los 9.956 millones de euros.Estas técnicas, a ojos del organismo, han provocado también un cambio de comportamiento en los contribuyentes. Ello se refleja en que, tras ser objeto de una actuación de control sobre deducciones por vivienda o rentas inmobiliarias, más de 138.000 personas corrigieron sus declaraciones posteriores, lo que supuso un ingreso adicional de 502 millones.Hacienda también avanzó durante 2025 en el control de la economía digital, obteniendo datos de 900.000 tarjetas de neobancos y 40.600 cuentas de criptomonedas. Además, gracias a las Unidades de Auditoría Informática (UAI), se regularizaron 218 millones detectando softwares de doble uso y contabilidades paralelas.