El proceso judicial en el caso Digitador avanza y ya se conocen algunos detalles de la investigación de una presunta red de corrupción dedicada a la emisión irregular de documentos de tránsito. La investigación de la Fiscalía y la Policía derivó en la captura de la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa Santillán, señalada como la supuesta cabecilla de la organización delictiva. Durante la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, la defensa de la alcaldesa de Jipijapa insistió que la Fiscalía General del Estado no presentó “un solo progresivo” de llamadas interceptadas directamente a su defendida, según registros judiciales.PublicidadEl argumento buscaba demostrar que no existía una conversación telefónica donde ella ordenara, coordinara o participara en las actividades atribuidas a la presunta red de corrupción investigada dentro del Caso Digitador.¿Quién es Ángela Plúa? La alcaldesa de Jipijapa detenida en el operativo Digitador en ManabíSin embargo, ese vacío jurídico terminó convirtiéndose en uno de los principales debates del proceso. Aunque la Fiscalía obtuvo autorización judicial para intervenir el número telefónico atribuido a quien identificó como alias ‘La Jefa, el juez precisó que la mayor parte de los elementos de convicción provienen de interceptaciones realizadas a otros integrantes de la supuesta organización.PublicidadPublicidadLas conversaciones que apuntan a “La Jefa”Según la resolución judicial, varias llamadas entre procesados identificados como alias 'Lito’ e ’Inge’ describen una estructura donde la persona mencionada como 'La Jefa’, 'La Doctora’ o 'La Número Uno’ aparecía como la destinataria de dinero y quien tomaba decisiones dentro del esquema investigado.En una de las conversaciones interceptadas, los involucrados hablan de reunir más recursos para entregarlos a la “número uno”. En otra, uno de los procesados asegura que supuestamente la alcaldesa habría solicitado $ 40.000 a cambio de autorizar determinados permisos. Para la defensa, esas referencias solo constituyen conjeturas. Para el juez que conoció la causa, en cambio, forman parte de un aparente patrón reiterado que debe analizarse junto con el resto de la evidencia.John Reimberg: Red de corrupción en Jipijapa habría causado perjuicio de más de $ 5 millones al EstadoLos seguimientos que reforzaron la investigaciónLa investigación no se limitó a las escuchas telefónicas. Equipos policiales realizaron vigilancias en Jipijapa y documentaron varios movimientos de los sospechosos.El 6 de junio de 2026, uno de los seguimientos ubicó a Ángela Plúa en un inmueble ubicado en la calle Olmedo, donde fue observada junto a quien la Fiscalía identifica como alias ‘Lito’, señalado como uno de los articuladores de la presunta organización.PublicidadLos agentes incorporaron registros fotográficos y partes investigativos que, según la Fiscalía, coincidieron con los lugares y encuentros descritos en las conversaciones interceptadas.Además, durante los allanamientos se incautaron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que permanecen bajo pericias técnicas. La propia defensa destacó que la alcaldesa entregó voluntariamente las claves de sus equipos como una muestra de colaboración con la investigación.El intento por evitar la cárcelDurante la audiencia de formulación de cargos, la defensa también presentó certificados médicos para sostener que Plúa padece un aneurisma de aorta, condición catalogada como enfermedad catastrófica, y solicitó que no se le dictara prisión preventiva.El juez rechazó ese planteamiento. En su resolución señaló que la procesada continuaba ejerciendo normalmente sus funciones como alcaldesa, participaba en reuniones políticas y administrativas y mantenía capacidad para desarrollar actividades propias de su cargo. Édison Quimís queda a cargo del Municipio de Jipijapa por prisión preventiva contra la alcaldesa Ángela PlúaTambién tomó en cuenta los indicios que la ubican tomando decisiones dentro de la estructura investigada, entre ellas el presunto despido de una digitadora cuando habría conocido que realizaba trámites de forma independiente.Con esos elementos, el magistrado concluyó que existía riesgo de obstaculización de la investigación debido a la posición jerárquica que ocupaba dentro del Municipio de Jipijapa, razón por la que ordenó prisión preventiva mientras avanza la instrucción fiscal por el presunto delito de delincuencia organizada.La denominada operación Digitador se ejecutó la madrugada del 25 de junio de 2026 mediante 18 allanamientos simultáneos en los cantones de Jipijapa, Bolívar (Calceta) y San Vicente. El operativo dejó un total de 13 detenidos, de los cuales 10 quedaron con orden formal de prisión preventiva por un lapso de 90 días de instrucción fiscal. Entre la estructura desarticulada constan directivos municipales del tránsito, digitadores y captadores externos. (I)