La semana pasada el Tribunal Constitucional se pronunció sobre “Escuelas Protegidas” donde se declaró la inconstitucionalidad de algunas de las disposiciones del proyecto. Ante esta resolución, de las cuales aún no se conoce el fundamento, es clave preguntarnos lo esencial ¿Por qué es importante que los establecimientos educacionales vuelvan a ser espacios seguros? La respuesta es evidente: son los lugares donde niños y jóvenes pueden desarrollar al máximo sus capacidades, llevar a cabo sus procesos de aprendizaje y adquirir las habilidades y conocimientos que permiten proyectar sus futuros y cerrar brechas. Ese fin debe guiar la evaluación de cualquier cambio a las herramientas que protegen estos espacios.El proyecto de Escuelas Protegidas nace en un contexto donde la violencia escolar ha escalado de forma sostenida. Las denuncias por convivencia ante la Superintendencia de Educación aumentaron 122% en diez años, hasta alcanzar 17 mil casos en 2025. Más aún, tres de cada cuatro del total de denuncias en ese año correspondieron a problemas de convivencia. Este aumento es transversal por dependencia y por nivel: en colegios particulares pagados crecieron 203%, en municipales y SLEP 139%, en particulares subvencionados 101%. Por su parte, en parvularia, básica y media el alza de denuncias supera el 70%. Esto muestra un fenómeno que se intensificó, se diversificó y hoy alcanza a toda la comunidad escolar.Se trata de un problema que es más grave de lo que nos imaginamos, pues la evidencia muestra que la violencia impacta directamente en el proceso de aprendizaje. Un estudio de Acción Educar, con datos SIMCE de 4° básico 2017-2018 estimó el efecto de la violencia sobre el rendimiento. De esta forma, un estudiante que sufrió violencia verbal y física frecuente rindió, en promedio, 14 puntos menos que sus pares en Comprensión Lectora y 7 puntos menos en Matemáticas. Ese deterioro también se refleja en la asistencia: en base al Indicador de Convivencia Escolar del SIMCE 2024, la inasistencia grave alcanza 29,6% en los establecimientos con menor percepción de seguridad, el doble que en los más seguros (14,2%). Recordemos, además, que la evidencia muestra que este fenómeno no solo impacta a las víctimas, sino que también el ser testigo genera efectos psicosociales similares a sufrirla.Frente a esta realidad compleja, Escuelas Protegidas busca ser un aporte para aminorar el problema, consciente de que ninguna ley lo resuelve por sí sola. El fallo del TC, con todo, mantuvo sus elementos centrales. En este sentido, es importante relevar que se conserva la facultad de revisar mochilas y solo se excluye la intervención de Carabineros sin orden del fiscal previa. También, se mantiene el fortalecimiento de la autoridad docente dado que el relato del profesor constituirá antecedente suficiente para iniciar un procedimiento disciplinario. Persiste, además, la obligación de fundamentar las denuncias ante la Superintendencia, un cambio sustantivo frente a una legislación que hoy carece de filtros previos. Finalmente, el proyecto sigue calificando la violencia contra miembros de la comunidad educativa como una vulneración grave del derecho a la educación, habilitando medidas inmediatas, proporcionales y fundadas.Si bien es relevante esperar la fundamentación del fallo del TC, es correcto afirmar que lo esencial se mantiene: las comunidades educativas conservan herramientas concretas para proteger el proceso de aprendizaje y el desarrollo de sus estudiantes. Esa era la prioridad desde el comienzo. Y esa prioridad se resguardó.Por Francisca Espinoza, Directora de Estudios, Acción EducarNEWSLETTEROpiniónSábado, AMIdeas en tensión, miradas contrapuestas y un análisis claro: elementos para develar los temas que dividen opiniones y marcarán la agenda.Al suscribirte estás aceptando los Términos y Condiciones y las Políticas de Privacidad de La Tercera.