La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha decidido personarse en calidad de perjudicada en la causa que se sigue contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Hacienda ha tomado el ofrecimiento que realizó el instructor de la causa, José Luis Calama, tras hallar en el despacho de Zapatero un ajuar de joyas valorado en 1,3 millones de euros que el expresidente nunca declaró. Será la Abogacía del Estado quien represente a la Agencia Tributaria en el procedimiento, según fuentes del Gobierno consultadas por este periódico. El instructor de la Audiencia Nacional considera que Zapatero podría haber cometido delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública al no declarar sus alhajas, de modo que podría haber causado un "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde" a la Agencia Tributaria. Es por eso que el juez ofreció a la AEAT personarse como "potencial perjudicada" en el procedimiento. La personación habilita a la Agencia Tributaria para ejercitar acciones penales y civiles en la pieza separada que abrió el instructor tras el registro del despacho del exdirigente socialista. En esta pieza se investiga únicamente el origen de las alhajas del expresidente, mientras que en la pieza central de la causa se indaga en el presunto tráfico de influencias ejercido por Zapatero en favor del rescate de la aerolínea Plus Ultra, así como en el blanqueo de las mordidas que recibió a cambio de las gestiones realizadas. La colección de joyas del exlíder socialista fue uno de los principales hallazgos que realizó la UDEF durante el registro de su despacho el pasado 19 de mayo, cuando el instructor José Luis Calama le imputó formalmente por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Durante el registro, la unidad de la Policía Nacional volcó también los dispositivos electrónicos de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar. El hallazgo de las joyas y su posterior tasación oficial han dado pie a la imputación de dos nuevos delitos. El volcado de los dispositivos de Alcázar ha llevado a la UDEF a realizar un informe en el que se señala a Zapatero por una supuesta operación de tráfico de influencias ante el Gobierno de Bolivia que le habría granjeado 200.000 euros. El expresidente del Gobierno declaró por primera vez ante el juez el pasado 17 de junio y optó por contestar tan solo a las preguntas del magistrado y de su propio abogado defensor, Víctor Moreno. Zapatero negó haber influido en el rescate de Plus Ultra y trató de explicar que el origen de sus ingresos era legal, de modo que rechazó haber cobrado mordidas. No obstante, sus explicaciones cesaron cuando el magistrado le preguntó por el origen de las joyas encontradas en su caja fuerte. El expresidente prometió entonces que solicitaría declarar de nuevo para aclarar este asunto al cabo de una semana o diez días. Su letrado aún no ha solicitado la práctica de esa declaración voluntaria.