La Junta Nacional de Justicia, bajo la presidencia de María Teresa Cabrera, ha operado desde su instalación como un instrumento de presión política sobre el sistema de justicia peruano. Jueces y fiscales lo saben por experiencia propia. Cualquier decisión jurisdiccional que incomode al poder político se convierte en denuncia, la denuncia en proceso disciplinario y, meses después, la amenaza se transforma en sanción.
En ese sentido, es posible sostener que lo que comenzó afectando a fiscales como Richard Concepción Carhuancho, suspendido por seis meses, alcanzó luego a los cinco integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema y apunta ahora a la cúpula administrativa del Poder Judicial.
Ahora, la JNJ inició un proceso disciplinario contra esa sala por inaplicar la Ley 32107 en un caso de violación de derechos humanos, conforme a los tratados firmados por el Perú. Entre los investigados están Víctor Prado Saldarriaga, uno de los tres jueces que sentenció a Alberto Fujimori, y Ángela Bascones, quien integró el equipo anticorrupción que investigó los vladivideos. Vale decir, con énfasis, que estos jueces no cometieron una falta. Aplicaron el derecho internacional con la independencia que su cargo les exige, y ese es exactamente el motivo por el que están siendo perseguidos.
