EditorialEl retiro del subsidio no debería traducirse en incrementos adicionales.
Desde el inicio de la vigencia del subsidio de Q5 al galón de gasolina y Q8 al de diésel, decretado por el Congreso como una medida extraordinaria ante el incremento internacional de los precios de los combustibles, debieron definirse criterios objetivos para su reducción o finalización en caso de una vuelta a las condiciones normales de mercado. El decreto 11-2026 solo estipula un plazo de tres meses o hasta que se agote el fondo de Q2 mil millones. En efecto, desde hace al menos 10 días, los precios de combustibles llevan una tendencia a la baja, por lo cual no hace mucho sentido mantener el subsidio, del cual restan actualmente unos Q500 millones.
En otras palabras, el Congreso debió incorporar desde su origen una verdadera cláusula de salida que permitiera optimizar el uso de los recursos públicos conforme disminuyera la presión sobre los precios. El acuerdo de Estados Unidos e Irán empuja la paulatina estabilización de los mercados petroleros. Siempre hemos dicho en este espacio que todo subsidio es injusto porque todos lo pagan, mas no todos reciben por igual el beneficio.
Los contribuyentes guatemaltecos siguen absorbiendo parte de la factura petrolera, tengan o no vehículo automotor. Por supuesto, allí entra el discurso oficial de que ese gasto supletorio buscaba contener el aumento en los precios de productos de la canasta básica, artículos de consumo diario y las tarifas del transporte público. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado un monitoreo de precios objetivo, sistemático y confiable que permita medir ese efecto. Para el ciudadano de a pie, los taxis y hasta los mototaxis siguen cobrando prácticamente lo mismo que cuando se dispararon los costos de los combustibles.
