José Raúl Mulino anunció en Panamá la construcción de una cárcel de máxima seguridad y el uso de drones en operativos policiales.El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad e incorporación de drones en operativos policiales, como parte de un nuevo plan para responder al aumento de la violencia y la fuga masiva registrada en el sistema penitenciario del país. Según reportó la agencia EFE, la decisión fue comunicada durante el informe anual de gestión presentado ante el Parlamento panameño.De acuerdo con EFE, Mulino atribuyó el repunte de homicidios y delitos al avance del narcotráfico y las pandillas en los barrios, fenómeno que, según el mandatario, se consolidó por la permisividad de administraciones anteriores. “Voy a ser muy claro: prefiero que me acusen de sobrepoblar cárceles a que los pandilleros sigan extorsionando, matando, robando y moviendo drogas por todas las calles en otro país”, sostuvo el presidente en declaraciones recogidas por la agencia. Entre enero y mayo, los homicidios aumentaron un 7 %, según datos del Ministerio Público citados por EFE.PUBLICIDADEl mandatario informó que la nueva prisión de máxima seguridad buscará aislar a los líderes de organizaciones criminales, quienes siguen ordenando delitos desde centros penitenciarios, según las autoridades. Mulino no especificó el lugar, el costo ni la fecha de inicio de la construcción.Tras la fuga de 195 internos en La Joyita y el alza de 7 % en los asesinatos entre enero y mayo, el Ejecutivo apuesta por endurecer el encierro e intensificar la vigilancia policial (Imagen Ilustrativa Infobae)El sistema penitenciario de Panamá, compuesto por una docena de cárceles, aloja a unos 24.000 reos y presenta un 35 % de sobrepoblación, un dato confirmado por el propio Gobierno. La fuga de 195 presos de la cárcel La Joyita el pasado 1 de junio, considerada la mayor en la historia reciente del país, expuso debilidades estructurales que el Ejecutivo calificó de inadmisibles. La mayoría de los fugados ya fueron recapturados, mientras que se mantienen las recompensas por información sobre los restantes, según información oficial difundida por EFE.PUBLICIDADEl plan de seguridad anunciado por Mulino también contempla el aumento de efectivos en las calles, la implementación de cámaras corporales en los agentes y el despliegue de drones de vigilancia en barrios señalados por su alta conflictividad. “Aumentar la cantidad de efectivos, incorporar las cámaras corporales, drones y mayores unidades en los barrios”, explicó el presidente, de acuerdo con el informe de EFE.El Gobierno calificó estas acciones como un “plan de fuerza mayor” ante la situación actual. El objetivo principal es contener el poder de las pandillas y limitar su influencia tanto en las calles como dentro de los centros penitenciarios.PUBLICIDADEl Sistema Penitenciario de Panamá está administrado por la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), bajo la jurisdicción del Ministerio de Gobierno. Su marco legal se apoya en el artículo 28 de la Constitución Política y en la Ley 55 de 2003, que exigen principios de seguridad, rehabilitación y defensa social como base de la gestión penitenciaria. La institución atraviesa un proceso de reestructuración profunda tras haber sido declarada en estado de colapso por el Gobierno.El sistema penitenciario, con 24.000 reclusos y 35 % de hacinamiento, quedó expuesto tras el mayor escape reciente, mientras el Gobierno plantea una nueva prisión y un plan extraordinario para recuperar autoridad (Imagen Ilustrativa Infobae)El sistema enfrenta una sobrepoblación crítica. Los centros penitenciarios albergan alrededor de 24,000 personas privadas de libertad, lo que implica un hacinamiento del 35%. Las fallas de seguridad quedaron evidenciadas en junio de 2026, cuando 195 reos se fugaron masivamente del centro penitenciario La Joyita, exponiendo debilidades graves en los controles internos.PUBLICIDADLas autoridades confirman que desde los penales, líderes de pandillas vinculados al narcotráfico mantienen la capacidad de coordinar homicidios y extorsiones, facilitados por el ingreso ilícito de teléfonos celulares. En respuesta, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ha impulsado la destitución y judicialización de funcionarios implicados en actos de corrupción y complicidad dentro del sistema.