En la última semana de junio, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) cesó a 43 trabajadores sociales adscritos al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), órgano auxiliar del OAJ, lo que generó el rechazo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed).La Dirección General de Recursos Humanos del OAJ emitió los oficios de terminación laboral para 43 trabajadoras y trabajadores del área del IFDP, de los cuales 39 son mujeres y cuatro hombres. Los oficios surtieron efecto el martes pasado.En entrevista con María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C., las y los trabajadores, que ocupaban el cargo de analista especializado nivel 27 y que se encontraban distribuidos en 31 delegaciones, fueron informados acerca de la conclusión de su labor de forma verbal a partir del 26 de junio.Lee también Jufed exige detener despidos en la Defensoría Pública; acusa hostigamiento y abuso de poder del Órgano de Administración JudicialDe acuerdo con fuentes judiciales, el personal cesado se dirigía a mujeres víctimas de violencia, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, migrantes, personas privadas de la libertad, víctimas de violaciones a derechos humanos y personas en condición de pobreza."Eran cargos que no tenían que ver con funciones administrativas, más bien sustantivas, con referencia a la defensa pública de las personas más vulnerables para el acceso a la justicia. Tengo entendido que cesaron a toda el área de trabajo social", comentó a EL UNIVERSAL.[Publicidad]Entre las funciones de las y los trabajadores sociales están:Hacer investigaciones socioeconómicasIdentificar condiciones de vulnerabilidadAportar datos con el fin de fortalecer la estrategia jurídicaBrindar acompañamiento institucionalCanalizar a usuarias y usuarios a programas y servicios públicosLa magistrada de circuito en retiro señaló que las causas de dichos ceses no fueron especificadas y afectan a funcionarios en vías de jubilarse, con enfermedades crónicas como cáncer o hipertensión, "que dependían de la atención médica y los medicamentos dados por el ISSSTE".Lee también SCJN rechaza atraer amparo de Fofo Márquez; influencer seguirá condena por tentativa de feminicidio[Publicidad]"Debe encender muchas alarmas porque no solamente afecta a las personas que están recibiendo estos ceses, sino que está afectando a la calidad de la justicia. ¿Cómo van a hacer ahora para ver qué persona puede y no puede tener acceso a este servicio de defensoría pública? No lo sabemos. No les importa", consideró.Finalmente, Molina espera que el Órgano de Administración Judicial "reaccione" y les dé a las y los trabajadores sociales cesados la oportunidad de retomar sus labores. "No se trata solamente de dinero, de trabajo; se trata de la administración de justicia a personas vulnerables".Agregó que, a pesar de que sus notificaciones acaban de entrar en vigor y deben entregar documentación, algunas empleadas y algunos empleados se están organizando para interponer algunos recursos legales contra la conclusión de la relación laboral.[Publicidad]Entre los casos está el de una mujer de nombre Edith, de 55 años de edad, con 23 años de carrera en la división de Morelos, madre soltera y con tres hijos. En un video se le observa que tras la noticia de su cese llora y le toman la presión. "Esa es la parte que no ve el Órgano de Administración Judicial, el lado humano", dice un compañero de trabajo.Al momento, ni el Instituto Federal de la Defensoría Pública ni el Órgano de Administración Judicial se han pronunciado al respecto. Quienes sí lo han hecho han sido asociaciones civiles como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) y la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C.Lee también Somos México y PAZ inician actividades como partidos políticos; INE asigna oficinas, personal y constancias[Publicidad]Según su página de internet, el Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano auxiliar del Órgano de Administración Judicial, el cual brinda asesoría jurídica y defensa pública gratuita a niñas, niños, adolescentes, hombres, mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos.El primer servicio se da en los ámbitos administrativos, civiles, fiscales y laborales, para personas con discapacidad, trámites migratorios y situación de refugio.Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más[Publicidad]dft/rmlgv