Las víctimas del magnicidio de Miguel Uribe Turbay tienen razones para oponerse al acuerdo que la Fiscalía pactó con Elder José Arteaga, alias Chipi o el Costeño, señalado cabecilla de la red de sicarios que asesinó al precandidato presidencial.Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: condenan al Costeño, el cerebro del atentado al senador y precandidato presidencialA pesar de reconocer que fue el responsable de ubicar al menor de edad y convertirlo en el autor material del ataque contra Miguel Uribe Turbay, alias Chipi, no entregó mayores detalles a la Fiscalía, a la justicia ni a la verdad. Su declaración está llena de frases como: “No sé”, “no conozco” y “no puedo confirmar”.Esa es, justamente, la razón principal por la que las víctimas apelarán el acuerdo que, en la tarde de este miércoles, fue avalado por una juez entre la Fiscalía y alias Chipi, y que le permitiría recibir una condena de 26 años de prisión, una rebaja sustancial, pese a que habría sido quien planeó y ejecutó el magnicidio.“No existe evidencia de que el señor Arteaga Hernández haya brindado una colaboración efectiva que permita esclarecer plenamente los hechos, mientras otros coprocesados sí se comprometieron a servir como testigos de cargo”, dijo Víctor Mosquera, abogado de las víctimas en este proceso.En criterio del abogado y en la sustentación de la apelación que esperan presentar ante el Tribunal Superior de Bogotá, la negociación entre la Fiscalía y el señalado cabecilla de la red de sicarios termina por afectar a la propia justicia, al dejar en un escenario confuso los fines de la reparación y el esclarecimiento de la verdad.“No estamos ante un homicidio ordinario. Se trata del asesinato de un senador de la República y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado en razón de su actividad política. Este no es un daño individual, sino un atentado institucional que busca silenciar actores democráticos y desestabilizar el orden social. La jurisprudencia ha reconocido esta especial gravedad, lo que impone un análisis más riguroso de cualquier beneficio penal”, advirtió el abogado.Para las víctimas existe una contradicción, pues mientras la Fiscalía insiste en que alias Chipi sería el responsable de coordinar y ejecutar el magnicidio, al mismo tiempo le ofrece un acuerdo con una rebaja sustancial de la pena y sin mayores obligaciones o compromisos con la justicia o la reparación.Alias el Costeño llegó a un acuerdo con la Fiscalía, rechazado por las víctimas, pues reclaman una condena ejemplar. El testimonio más relevante fue el de alias el Viejo, quien señaló que la orden venía de la Segunda Marquetalia. Foto: COLPRENSA“La Fiscalía sostiene que el acusado coordinó, reclutó, organizó y dirigió la operación criminal; resulta jurídicamente inaceptable que el sistema de justicia renuncie a ejercer plenamente su poder sancionatorio a cambio de nada sustancial. Otorgar una rebaja de esta magnitud a quien fue el articulador material del crimen, sin una contraprestación extraordinaria, envía un mensaje de impunidad y desprecio por la gravedad de la conducta”, señaló la representación de las víctimas.Las víctimas esperan que en el Tribunal Superior de Bogotá se evalúen con mayor detenimiento los argumentos de la Fiscalía para otorgar los beneficios y la negociación, así como los fundamentos de su oposición a dicho acuerdo.