California avanzará con un sistema para compartir datos de licencias de conducir e identificaciones estatales con una red nacional, una decisión que generó inquietud entre organizaciones de defensa de los inmigrantes por el posible impacto sobre quienes no tienen un estatus migratorio legal.La medida quedó autorizada dentro del presupuesto estatal que la Legislatura aprobó el lunes y que el gobernador Gavin Newsom firmó poco después. Según informó Cal Matters, el plan también incluye una iniciativa complementaria que establece mecanismos de supervisión para proteger la información compartida.El presupuesto destina USD 55 millones al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para desarrollar el sistema que permitirá intercambiar registros con el Servicio de Verificación Interestatal y la base de datos SPEX, administrada por la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA).Según funcionarios estatales, este paso resulta indispensable para cumplir con los requisitos de la ley federal REAL ID. La administración sostuvo que, si California no participa en ese sistema, el Departamento de Seguridad Nacional podría dejar de aceptar las identificaciones estatales en los aeropuertos del país.Las autoridades explicaron que la plataforma solo permite consultar un registro por vez mediante la información proporcionada por cada solicitante y que no admite búsquedas masivas dentro de la base de datos.Quiénes no están de acuerdoLos defensores de los inmigrantes consideran que el riesgo persiste. Según informó Cal Matters, más de un millón de inmigrantes poseen licencias de conducir en California. El sistema registra los últimos cinco dígitos del número de Seguro Social de cada conductor y utiliza el código "99999" para quienes no cuentan con ese documento. Diversas organizaciones sostienen que esa información podría facilitar el acceso de las autoridades federales de inmigración a datos de personas indocumentadas.El debate llevó a los legisladores a exigir nuevas protecciones antes de autorizar el intercambio de información, según Cal Matters. La legislación incorpora la posibilidad de que el fiscal general demande a la organización que administra la base nacional o a los estados participantes si incumplen las condiciones acordadas. Además, obliga a publicar informes anuales sobre las solicitudes de datos y cualquier patrón inusual de uso.El texto también ordena al DMV elaborar un plan de monitoreo, cuyo borrador deberá presentarse en febrero de 2027 y la versión definitiva en julio del mismo año. A partir de 2030, el auditor estatal evaluará el cumplimiento de esas salvaguardias.Qué dijeron las autoridadesDesde el Departamento de Finanzas de Newsom aseguraron que las medidas limitan la información compartida al mínimo necesario. No obstante, algunos especialistas consideran que esas garantías no eliminan todos los riesgos. Según Cal Matters, Ed Hasbrouck, del grupo Identity Project, advirtió que una orden judicial podría obligar al sistema interestatal a entregar datos, incluso de forma masiva, sin posibilidad de informar públicamente sobre ese proceso.Otras organizaciones, como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, ACLU Cal Action y el California Immigrant Policy Center, valoraron la incorporación de controles adicionales, aunque reclamaron una auditoría antes de 2030 y expresaron su preocupación por el intercambio de información confidencial con entidades de otros estados.La senadora estatal Laura Richardson también respaldó las nuevas medidas de protección, pero pidió acelerar la supervisión del sistema. Según sostuvo durante una audiencia presupuestaria, la revisión debería realizarse antes de 2030 debido a la vulnerabilidad que implica mantener esos datos disponibles dentro de una red compartida.